AP.- Una protesta masiva en Hungría, el domingo, reunió a alrededor de 10 mil personas como un "acto de resistencia" contra las acciones recientes del gobierno populista, de derecha, para restringir derechos básicos y reprimir a los medios independientes.
La protesta, la última en una reciente ola de manifestaciones antigubernamentales, se produjo días después de que un legislador, del partido del primer ministro Viktor Orbán, presentara un proyecto de ley que permitiría al gobierno monitorear, restringir, penalizar y potencialmente prohibir medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales que considere una amenaza para la soberanía del país.
El proyecto, que ha sido comparado con la ley de "agentes extranjeros" de Rusia, previsiblemente sería aprobado en el parlamento donde el partido gobernante de Fidesz tiene una mayoría de dos tercios. Muchos de los opositores de Orbán lo ven como una de las políticas más represivas que el líder ha dirigido a sus críticos en los últimos 15 años de su mandato.
El domingo, los manifestantes llenaron la plaza junto al parlamento en el centro de Budapest para denunciar el proyecto de ley que, permitiría al gobierno incluir en una lista negra a organizaciones que reciban cualquier cantidad de apoyo financiero desde fuera de Hungría para someterlas a monitoreo intrusivo, registros, grandes multas y posibles prohibiciones de sus actividades.
Políticos del partido de Orbán, así como la Oficina de Protección de la Soberanía, un controvertido organismo gubernamental encargado de identificar supuestas amenazas a la soberanía de Hungría, han identificado específicamente a numerosos medios de comunicación y organizaciones anticorrupción que, según ellos, están sirviendo a intereses extranjeros.
Desde un escenario en la protesta, el orador Jakab Tóth declaró que el proyecto será presentado esta semana "no es más que una amenaza, una amenaza contra la capacidad de las personas para expresar sus opiniones de manera clara y libre" dijo.
Tóth agregó que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la soberanía de los ciudadanos para ejercer la libertad de expresión y participar en la vida pública “si no nos pertenece a todos, si no todos somos libres, entonces la soberanía es única y exclusivamente del gobierno”, afirmó.
Orbán, quien según las encuestas enfrenta el desafío más serio hasta ahora a su poder en las elecciones programadas para el próximo año, ha afirmado que "los intereses extranjeros, principalmente originados en Estados Unidos y Ucrania, han buscado instrumentalizar medios independientes y organismos de vigilancia anticorrupción en Hungría para influir en la opinión pública con el objetivo de derrocar a su gobierno".
Las organizaciones señaladas niegan vehementemente tales afirmaciones y argumentan que el trabajo que realizan se lleva a cabo con "estándares profesionales y en interés público".
Durante años, Orbán ha implementado medidas represivas contra las ONG y los medios independientes, aprobando leyes que, según los críticos, buscan estigmatizar y obstruir a grupos que brindan protección a mujeres y minorías, ofrecen asistencia legal y de derechos humanos mientras exponen la corrupción oficial.
Esos esfuerzos se intensificaron en 2023 cuando el gobierno populista de derecha de Orbán lanzó la Oficina de Protección de la Soberanía, un organismo encargado de investigar organizaciones y medios de comunicación que considera están ejerciendo influencia extranjera.
El proyecto de ley introducido la semana pasada, describe una definición amplia de lo que constituye una amenaza para la soberanía, las organizaciones pueden ser objeto de medidas si se oponen o retratan de manera negativa los valores como el carácter democrático de Hungría, la unidad nacional, las estructuras familiares tradicionales o la religión cristiana, lo que sugiere que incluso la crítica legítima a la política gubernamental podría ser tratada como una amenaza a la seguridad nacional.
La manifestación del domingo se produjo después de dos meses y medio de protestas semanales contra una ley anti-LGBTQ+ aprobada en marzo que prohibió los eventos del orgullo; permitiendo a las autoridades usar un software de reconocimiento facial para identificar a las personas que asisten a tales festividades.
El gobierno de Hungría ha argumentado que sus políticas sobre los derechos LGBTQ+ son necesarias para proteger a los niños y niñas de lo que llaman “demencia de género”.
Pero muchos críticos creen que las medidas fueron diseñadas para generar animosidad contra las minorías sexuales y ayudar a Orbán a movilizar su base de derecha antes de las elecciones del próximo año.
Con información de Latinus.