MORELOS (apro) .- La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos expresó su preocupación por el boletín informativo FGE 506, emitido el 23 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por el fiscal Edgar Maldonado Ceballos, al considerar que descalifica el trabajo de los medios de comunicación que han dado cobertura a la cuarta fase de intervención en el panteón “Pedro Amaro”, en Jojutla.
De acuerdo con la organización, el contenido del boletín no solo desacredita a la prensa, sino que vulnera derechos fundamentales protegidos por leyes nacionales e internacionales. Advirtió que las afirmaciones vertidas por la Fiscalía buscan limitar el ejercicio periodístico, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, con el objetivo de controlar la narrativa en un tema de alta sensibilidad social.
Entre los puntos señalados por la Red destacan los siguientes:
Además, la organización denunció que, durante una reunión con colectivos, realizada el 25 de junio, el fiscal Edgar Maldonado Ceballos responsabilizó personalmente a la prensa de desvirtuar la información sobre las diligencias de exhumación. Afirmó que estas declaraciones agravan el riesgo para quienes ejercen el periodismo en la entidad.
La Red recordó que el artículo 6 de la Constitución mexicana protege la libertad de expresión, el acceso a la información y el periodismo libre. Asimismo, señaló que tratados internacionales ratificados por México —como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información, y que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que las autoridades no deben utilizar leyes o discursos para intimidar a periodistas.
“La Fiscalía General del Estado viola derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de prensa y el derecho a la memoria”, apuntó la organización.
Finalmente, exigió a la Fiscalía:
“La tragedia de las fosas de Jojutla sigue siendo un pendiente sin resolver desde hace más de diez años. Los pocos avances han sido posibles gracias a la insistencia de las familias buscadoras y al trabajo del periodismo comprometido”, sostuvo la Red.
Y concluyó: “La libertad de expresión no se condiciona. El periodismo no se silencia”.
Con información de proceso.com.mx