EFE.- El gobierno español aprobó este martes el proyecto de ley de información clasificada, que permitiría sacar a la luz los documentos reservados de la dictadura franquista y la transición democrática.
La norma propuesta, que deberá ser debatida y avalada por el Parlamento, establece el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más, aunque ese plazo máximo será prorrogable otros 15 de forma motivada.
De esta manera, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados, lo que incluye aquellos relacionados con la dictadura y el periodo posterior que culminó con la Constitución democrática de 1978.
El proyecto legislativo sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, del año 1968, y fija por primera vez la desclasificación automática de información reservada cuando transcurran unos determinados periodos.
Son cuatro categorías de información clasificada –Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido–, y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación según el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Parlamento), Félix Bolaños, destacó este martes que, con esta ley, se supera "una rémora" de la legislación española, una "ley preconstitucional que proviene de la dictadura".
"Nos ponemos en estándares europeos, avanzamos como una democracia madura que somos para que los ciudadanos tengan derecho a saber, para que las administraciones tengan la obligación de aportar documentación que sea importante para la historia y, por supuesto, se protege la seguridad nacional y la defensa en nuestro país", aseguró.
La competencia para clasificar y desclasificar información será exclusiva del gobierno, a propuesta del jefe del Ejecutivo o de los ministros, en el caso de Alto Secreto y Secreto; y de un número "tasado y reducido" de autoridades en las categorías de Confidencial y Restringido.
También se fortalece el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada en la comisión parlamentaria constituida a este efecto.
La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele ese tipo de información, con multas que van de los 30 mil euros a los 2.5 millones.
El proyecto también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
Con información de Latinus