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De donativos a convenios de colaboración: Andrea Chávez se contradice sobre financiamiento para caravanas médicas

La senadora de Morena, Andrea Chávez, ha caído en contradicciones sobre el tipo de financiamiento privado que ha recibido para costear caravanas médicas en Chihuahua, cuyo costo oscila en los 10 millones de pesos al mes, y con las que posiciona su imagen ante los habitantes de ese estado.

El 19 de marzo, luego de que Latinus reveló que la legisladora utiliza unidades médicas propiedad de FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista favorito del coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández, la senadora admitió que sí conoce al empresario y que utiliza recursos privados para dichas caravanas.

“Los recursos de las ambulancias vienen de la clase empresarial”, dijo ese día Chávez Treviño a este medio de comunicación.

 

Cuando se le preguntó de qué empresarios provienen, afirmó: “pues son muchos, son chihuahuenses, son mexicanos”.

Al cuestionar si conoce a Padilla Farfán, declaró: “claro que lo conozco, gran amigo, como conozco a todos los empresarios chihuahuenses que ayudan, que echan la mano”.

Ese mismo día por la mañana en un programa radiofónico, Andrea Chávez afirmó que los recursos para costear las caravanas médicas, “son donativos, son donativos, nada (de recursos públicos) ni un solo peso”.

El artículo 52 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos incurrirán en cohecho cuando exijan, acepten, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público.

En tanto, el 26 de marzo también en una entrevista radiofónica, la senadora Andrea Chávez cambió su argumentación sobre la recepción de recursos privados para las caravanas médicas, y dijo que “son convenios de colaboración con sector privado”.

Sin embargo, legalmente sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para firmar convenios de colaboración específicos que involucren intercambio o prestación de servicios.

 


 


Con información de: LatinUs.

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Una elección nada recomendable

A una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otro países.

Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.

Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limittado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.

Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.

Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.

Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.

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