De donativos a convenios de colaboración: Andrea Chávez se contradice sobre financiamiento para caravanas médicas
La senadora de Morena, Andrea Chávez, ha caído en contradicciones sobre el tipo de financiamiento privado que ha recibido para costear caravanas médicas en Chihuahua, cuyo costo oscila en los 10 millones de pesos al mes, y con las que posiciona su imagen ante los habitantes de ese estado.
El 19 de marzo, luego de que Latinus reveló que la legisladora utiliza unidades médicas propiedad de FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista favorito del coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández, la senadora admitió que sí conoce al empresario y que utiliza recursos privados para dichas caravanas.
“Los recursos de las ambulancias vienen de la clase empresarial”, dijo ese día Chávez Treviño a este medio de comunicación.
Cuando se le preguntó de qué empresarios provienen, afirmó: “pues son muchos, son chihuahuenses, son mexicanos”.
Al cuestionar si conoce a Padilla Farfán, declaró: “claro que lo conozco, gran amigo, como conozco a todos los empresarios chihuahuenses que ayudan, que echan la mano”.
Ese mismo día por la mañana en un programa radiofónico, Andrea Chávez afirmó que los recursos para costear las caravanas médicas, “son donativos, son donativos, nada (de recursos públicos) ni un solo peso”.
El artículo 52 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos incurrirán en cohecho cuando exijan, acepten, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público.
En tanto, el 26 de marzo también en una entrevista radiofónica, la senadora Andrea Chávez cambió su argumentación sobre la recepción de recursos privados para las caravanas médicas, y dijo que “son convenios de colaboración con sector privado”.
Sin embargo, legalmente sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para firmar convenios de colaboración específicos que involucren intercambio o prestación de servicios.
Con información de: LatinUs.
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