Jueces integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dé resolución de las denuncias contra la reforma judicial, aprobada en septiembre del año pasado por la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso federal, y así se establezca la responsabilidad internacional de México y dicte medidas de reparación.
"Se solicita que la CIDH acoja a trámite esta petición, adelante la evaluación y agilice el trámite, con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado Mexicano y dicte reparaciones que incluyan garantías de no repetición", dice el documento.
La petición, que fue presentada a través del programa Centro para la justicia internacional Cyrus R. Vance, que es parte del Colegio de Abogados de Nueva York, Estados Unidos, afirma que los juzgadores fueron víctimas de estigmatización pública, deslegitimación y debilitamiento institucional.
“Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura”, señalaron en el documento y piden que el impacto de dicha reforma hace necesaria una respuesta de la CIDH.
Los juzgadores destacaron que la reforma judicial sí representó un cambio sin precedentes al destituir a los jueces, magistrados y ministros en funciones para buscar nuevos perfiles que sean elector por voto popular, lo que calificaron como "politización".
"Esta reforma constituye un mecanismo de politización de la Judicatura. La reforma no busca fortalecer la independencia, sino que socava todos los estándares desarrollados por el derecho internacional de los Derechos Humanos", dice el documento.
En su escrito, los juzgadores aclaran que no buscan que se revierta la reforma judicial pues para el momento en que se tome una decisión habrán pasado las elecciones y culminado su implementación.
Sin embargo, solicitan que se dicten medidas de reparación integral ya que se han visto afectados en sus derechos humanos y que se fortalezcan los estándares de independencia judicial para evitar que "las prácticas autoritarias" debiliten el sistema de contrapesos.
Con información de Latinus