Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, recibió una nueva ampliación para presentar documentos que ayuden a la apelación y así contrarrestar la sentencia que se le impuso por los delitos de narcotráfico.
De acuerdo con Milenio, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York determinó esta medida. Su defensa, Valerie A. Gotlib, declaró que hay complicaciones para enfrentar el caso y dichas pruebas deben ser entregadas en el mes de septiembre.
Es la segunda ocasión que sus abogados consiguen que una corte federal les conceda dicha ampliación de cuatro meses para que se presente un escrito completo de apelación en contra de la condena.
Ayer, el juez William Thomas, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, condenó a García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar una multa de 748 millones de dólares y mil 740 millones, respectivamente, por su presunta participación en un esquema de contratación ilegal gubernamental en México.
La condena fue derivada de los procesos de reivindicación patrimonial que laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar bienes del gobierno de México, supuestamente producto de los delitos cometidos por García Luna y sus familiares.
El pasado 5 de octubre de 2023, La UIF informó que, la jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, ordenó la entrega de 2 millones 524 mil 50 dólares -alrededor de 44 millones de pesos mexicanos-, al gobierno de México, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en dicha entidad de Estados Unidos, por García Luna y su esposa, con dinero “procedente de la trama corrupta organizada por ambos”.
La UIF destacó que el 4 de octubre 2023, Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator, reclamados por el gobierno de México, al acreditarse por la parte mexicana, que los demandados incurrieron en una falta, al omitir concurrir al juicio.
El exfuncionario fue declarado culpable el 21 de febrero de 2023, de cinco cargos, que incluyeron conspiración internacional para la distribución de cocaína, delincuencia organizada y una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos, luego de un juicio que comenzó el 3 de enero de 2020, que llevó a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, presidido por el juez Brian M. Cogan.
Además, fue condenado el 16 de octubre de 2024, a 38.8 años de prisión (466 meses), así como al pago una multa de 2 millones de dólares, “por su colaboración durante una década con el Cártel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos”.
En ese sentido, fue trasladado a la Penitenciaría Lee de Estados Unidos (USP Lee, por sus siglas en inglés), una prisión federal de alta seguridad para reclusos varones, ubicada en el Parque Industrial del Condado de Lee, en el suroeste del estado de Virginia.
Pero fue trasladado el 12 de diciembre de 2024, al Centro Federal de Transferencia (FTC, por sus siglas en inglés), una prisión federal de Estados Unidos para reclusos masculinos y femeninos, ubicada en el número 7410 del boulevard MacArthur, en la Ciudad de Oklahoma City.
Con información de: Animal político.