Sin presupuesto ni estrategia antiterrorista, crean en Hacienda estructura contra crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que en febrero de este 2025 se diera la declaratoria de los carteles mexicanos como grupos terroristas y de que el nuevo secretario de Hacienda Edgar Amador acudió a en abril a los Estados Unidos, en donde el Departamento del Tesoro lo urgió a desmantelar el financiamiento de los cárteles, se creó la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas. 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la nueva dirección estará adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y tendrá como principales responsabilidades integrar reportes de inteligencia relacionados con personas posiblemente vinculadas a organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, así como identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya sea de forma directa o a través de terceros. 

También se le asigna la tarea de participar en mecanismos de coordinación nacionales e internacionales en materia de seguridad financiera, fungir como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con autoridades nacionales y extranjeras, y colaborar en acciones estratégicas de prevención y protección del sistema financiero. 

La nueva instancia proporcionará insumos de inteligencia y documentación a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y a otras dependencias competentes.  

No obstante, la publicación oficial dejó claro que su creación no implicará un incremento presupuestal, sino que se llevará a cabo mediante movimientos compensados dentro del propio organigrama de Hacienda. 

Una estructura que nace débil 

Para Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES), el anuncio tiene un fuerte olor a simulación, frente a uno de los problemas más grandes del país en lo va de este siglo.  

Y es que la declaratoria de los cárteles como grupos terroristas es “el evento más importante para el sistema de seguridad internacional desde los atentados contra las Torres Gemelas”.

Sin embargo, afirma con preocupación que en México no se ha dimensionado la gravedad de la etiqueta ni se han tomado decisiones estructurales a la altura del desafío. 

“La creación de esta dirección no es una buena noticia, más bien, se debe tomar cómo que México no ha tomado en serio lo que enfrenta”, comentó. 

Y es que, para Hernández, el país ha perdido capacidades esenciales. La desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), bajo el argumento de que era un vestigio del viejo régimen, arrastró con ella a la unidad antiterrorismo que operaba desde ahí. 

“La desaparición del Cisen se llevó entre las patas, justo al área de antiterrorismo en México. El área de antiterrorismo siempre la llevó el Cisen. Evidentemente lo que pensó en su momento la 4T fue: pues ya no me sirve esto. Ya no hace falta unidades antiterroristas, porque pues al final México no tiene vela en ese entierro y ¡oh sorpresa!, varios años después ocurre esto”, lamentó. 

Hacienda, la nueva frontera de la seguridad 

El especialista advierte que la creación de esta dirección se enmarca en una serie de movimientos que revelan una reconfiguración profunda de la SHCP en materia de seguridad.

Una de las pistas es el proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para permitir que los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) puedan portar armas. 

“Es una especie de intento de copia del modelo que hay en Estados Unidos, donde hay una policía fiscal y también la policía que tiene la Reserva Federal ahí en Washington”, explicó Hernández. 

Otro punto clave es la transformación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un órgano que en palabras del experto, durante el sexenio anterior fue usado más como herramienta de presión política que como una entidad efectiva de combate al lavado de dinero. 

“Durante el sexenio del presidente López Obrador, fundamentalmente fue una herramienta de extorsión. La UIF no obtuvo una sola sentencia condenatoria en todo el sexenio, pero sí congeló miles de millones de pesos a adversarios políticos o a grandes contribuyentes, a los cuales se les podía intimidar para sacarles un dinero”, dijo, al añadir que se busca cambiar ese panorama. 

Un futuro en papel 

Hernández no oculta su escepticismo. Cree que esta dirección especializada corre el riesgo de convertirse en otra instancia decorativa, como ocurrió con las subprocuradurías o fiscalías creadas hace más de una década para combatir delitos de género, corrupción o trata. 

“Sigue exactamente el mismo modelo que ha ocurrido frente a otras crisis de inseguridad, como es el caso de la creación de subprocuradurías o de fiscalías especializadas en ciertos delitos. Sobre todo se crearon mucho hace 10 o 15 años en temas de violencia de género y se vendían como una especie de solución mágica”, añadió. 

Con información de: Proceso.