La reforma sobre personas desaparecidas no fortalece la búsqueda; viola derecho a privacidad y aumenta control de la población: Dip. Rocío González

La diputada Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que la reforma a las leyes General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y General de Población, no responde al drama humano de más de 120 mil personas desaparecidas, sino que pretende centralizar información sensible y otorgar mayor control al gobierno federal sobre la población.

La reforma, indicó la legisladora por Chihuahua, “está lejos de fortalecer al Sistema Nacional de Búsqueda, no ofrece soluciones reales para la localización e identificación de personas desaparecidas y lo que sí hace es modificar estructuras sin garantizar eficacia, transparencia ni respeto a los derechos humanos”.

Es lamentable que la propuesta del Ejecutivo no contemple mecanismos para apoyar a familiares y colectivos de búsqueda, ni garantías de seguridad para quienes participan en esas tareas, sino que limitan la participación de las familias a solo presentar denuncias, sin permitirles coadyuvar en las investigaciones o integrarse a las carpetas.

“Siguen dejando solas a las familias, sin respaldo, sin escucha y sin empatía", expresó.

La diputada de Acción Nacional también criticó la creación de una Plataforma Única de Identidad (PUI), centralizada y vinculada con la CURP biométrica, que, aunque se afirma que no será obligatoria, servirá como único documento válido de identificación. “Eso no es opcional, es imponerla a la fuerza. Se abrirá la puerta a un monitoreo constante de la población, lo que representa una grave pérdida de libertad y una invasión a la privacidad”, advirtió.

En ese sentido, reprobó que se permita el acceso sin control judicial a bases de datos biométricos, de salud, migración y asistencia social y argumentó que quienes deberían proteger los derechos humanos están atentando contra ellos. “El gobierno federal ha olvidado el federalismo y utiliza la tecnología como una herramienta de vigilancia en lugar de ayuda”, subrayó.

González Alonso sostuvo que esta reforma ignora el fortalecimiento estructural y presupuestal de instituciones clave como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que hoy operan en condiciones precarias y sin los recursos necesarios.

“Dicen que promueven una búsqueda eficaz, pero todo queda en el discurso. El presupuesto sigue siendo insuficiente y supeditado a subsidios que no alcanzan para enfrentar la dimensión de esta tragedia nacional”, afirmó.

Finalmente, la legisladora sostuvo que el diseño normativo de la reforma plantea riesgos para los derechos fundamentales y no responde a las demandas de las víctimas. “En algo sí coincido con la presidenta Sheinbaum: la desaparición forzada no es desde el Estado. Pero el Estado la consiente al no enfrentar al crimen organizado, al que protege y al que no ha querido ponerle un límite real”, concluyó.