Presentan 10 acciones para implementar las reformas a la Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas
Para poner en marcha las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, este miércoles fueron presentadas las principales acciones de ejecución, los plazos estimados e instituciones participantes.
En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó atender este tema como una prioridad de su gobierno.
Acciones:
- Expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda. Deberá expedirse a más tardar el 15 de octubre de 2025.
- Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) para integrar los planes de seguridad en las búsquedas y protección para las familias.
- Poner en marcha la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda.
- Usar datos biométricos e imágenes satelitales en búsquedas.
- Fortalecer Fiscalías Especializadas y el Banco Nacional de Datos Forenses.
- Crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- Atención del rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos.
- Atención integral a hijos e hijas de personas desaparecidas.
- Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.
- Armonizar leyes locales con la Ley General.
De esa forma, con la participación de más de 450 colectivos y familias representadas por redes y plataformas, se recabaron 570 propuestas legislativas y también en política pública, relacionados con cinco ejes de trabajo.
Uno, búsqueda y seguridad; dos, identificación humana forense; tres, bases de datos y sistemas de información; cuatro, bienestar; y cinco, prevención. Además de la sensibilización de la población en general para prevenir factores de riesgo.
“Por eso, no basta con la aprobación de la ley; estamos trabajando en las consideraciones que nos han planteado, así como la armonización de instrumentos normativos para el diseño de una política pública en la materia”, aseguró la secretaria de Gobernación.
Las mesas de diálogo han contado con la participación de 17 dependencias internas y externas del Gobierno de México, entre las cuales están el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo); la Fiscalía General de la República (FGR); la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; la Comisión Nacional de Búsqueda; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
La funcionaria federal estuvo acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; la Fiscal Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR, Sara Irene Herrerías; el director general del Renapo, Arturo Arce; y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso.
Con información de: El economista.
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Una opinión
Hay una reflexión y análisis que, se hace sobre un audio que circula entre grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.
Según destaca en este análisis, el audio señala que los retiros del fondo propio de Pensiones Civiles del Estado, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa institución.
La reflexión sobre ese audio que circula entre jubilados y pensionados del magisterio, un grupo con influencia que, dicen, logró poner a uno de los suyos en la actual dirigencia de la Sección 42, lo que les salió peor, es tan oportuno que merece ser difundido y la reproducción íntegra del mismo, que a continuación se presenta, con los créditos a quien corresponda:
Opinión: El miedo como estrategia: el fondo propio y la amenaza que no existe
En los últimos días ha comenzado a circular un audio anónimo en grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE). Aunque su autor no se identifica, su contenido reproduce de forma casi literal la narrativa promovida por algunos actores sindicales que hoy ocupan posiciones de poder. El mensaje busca generar temor entre quienes han decidido ejercer su derecho a recuperar el llamado “fondo propio”, insinuando que esta acción podría provocar el colapso del sistema.
En el audio se afirma que retirar el fondo propio “pone en riesgo Pensiones” y que, de continuar por ese camino, “se perderán todos los beneficios” que supuestamente se disfrutan como jubilados. Quien lo dice no se presenta como parte del comité, pero habla como si lo fuera. Quizá lo hace desde la ignorancia, repitiendo lo que ha escuchado; quizá desde la intención de confundir y asustar.
Lo cierto es que la estrategia es clara: convertir un acto de defensa legal en un supuesto acto de traición colectiva. Culpar a quienes exigen cuentas, mientras se protege a quienes llevan años sin rendirlas.
¿Quién sostiene Pensiones?
Una de las afirmaciones más preocupantes de este discurso es que Pensiones se sostiene gracias a los descuentos del fondo propio realizados a unos tres mil jubilados, es decir, a quienes se retiraron a partir de 2014. Este argumento es completamente insostenible si se considera que PCE cuenta con más de 95,000 afiliados entre activos y jubilados.
Si tres mil personas son las que sostienen todo, entonces el sistema ya está quebrado. No por culpa de los jubilados que exigen lo suyo, sino por quienes han permitido que más de 50 instituciones deudoras no paguen lo que deben. Ahí está el verdadero problema, y ahí debería estar también la indignación.
La legalidad del retiro
No es nuevo ni ilegal el retiro del fondo propio. Varios juicios se han ganado ya en tribunales por su carácter inconstitucional: se trata de un descuento unilateral, sin consulta y aplicado de forma desigual. Ante estos hechos, el abogado Lic. Mena —a quien falsamente se le ha vinculado con estas demandas— emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de cualquier participación. Señaló que ni él ni su despacho tienen relación alguna con grupos como COSIGEN, y que su única acción jurídica ha sido contra la omisión legislativa del fondo de vivienda.
La desinformación, sin embargo, ha sido útil para ciertos sectores que buscan desviar la conversación. En lugar de hablar de auditorías, de recuperación de adeudos o de transparencia financiera, se opta por atacar al jubilado que ejerce su derecho.
El miedo como método
El mensaje anónimo no es un caso aislado. En los mismos días, en el grupo “2-DERECHOHABIENTES”, una participante llamada Lucy Robles sugirió “frenar a tiempo” las ideas que alientan a los jubilados a actuar, acusando a sus promotores de ser “redentores obsoletos”. La lógica es simple: quien cuestiona, quien propone, quien se defiende, representa una amenaza al orden de quienes se sienten cómodos en el poder.
Se pretende convencer a los jubilados de que pedir lo justo es desestabilizar; que exigir transparencia es egoísta; que actuar por cuenta propia es traicionar al colectivo. Pero nunca se habla de los millones que no se han cobrado a los entes deudores, de las decisiones negligentes que nos llevaron al deterioro actual, ni del silencio cómplice de los comités pasados y presentes.
Reflexión final
Cada quien debe tomar su decisión. Nadie está obligado a retirar el fondo propio, pero tampoco debe sentirse culpable quien lo haga. La defensa del patrimonio individual es legítima, sobre todo cuando el sistema que debía protegernos ha fallado una y otra vez.
Si yo estuviera en esa situación, sí elegiría recuperar mi dinero. La vida es corta. No estamos para despreciar recursos que legítimamente nos pertenecen. Lo que no haría es quedarme callado ante el miedo disfrazado de consejo, ni permitir que el discurso oficial me convenza de resignarme.
El problema de Pensiones no es quien se defiende.
El problema de Pensiones es quien calla, solapa y desvía.
POR PCE POR NUESTRA SALUD
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