MORELIA, Mich. (apro).– La región de Tierra Caliente, y en particular el municipio de Apatzingán, atraviesan por una profunda crisis de gobernabilidad derivada del incremento de la violencia, el desplazamiento forzado, el colapso educativo y la paralización económica, advierte un diagnóstico elaborado por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA).
El documento alerta que de mantenerse la tendencia actual, este año podría convertirse en el más violento de la historia reciente de la región, con más de 200 homicidios dolosos registrados entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.
El Observatorio —organización ciudadana fundada en 2018 con apoyo académico— asevera que la seguridad humana en sus dimensiones personal, comunitaria, económica, educativa y social, se ha visto gravemente afectada por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado y su enfrentamiento con fuerzas de seguridad.
En el periodo analizado de siete meses, se documentaron al menos 40 enfrentamientos armados en distintos puntos de Apatzingán, así como la detonación de 10 artefactos explosivos en zonas rurales, que han dejado víctimas mortales entre campesinos, en tanto que el 11 de julio se desactivó por primera vez un artefacto explosivo en la zona urbana, lo que marcó un nuevo nivel de riesgo para la población.
Desplazamiento forzado
A la par, el informe difundido por el OSHRA revela que el desplazamiento forzado ha alcanzado niveles críticos, pues en los últimos 41 meses, más de nueve comunidades rurales del sur del municipio han sido prácticamente vaciadas por la violencia, dinámica que ha tenido efectos devastadores, con niños y jóvenes fuera de la escuela, abandono de parcelas, desintegración familiar y debilitamiento del tejido social.
Las condiciones de inseguridad han golpeado particularmente al sector educativo, pues según el diagnóstico, durante el primer trimestre de 2025, al menos 35 escuelas en 24 comunidades rurales suspendieron clases, afectando a más de mil 600 alumnos.
Se estima un abandono escolar de 40 por ciento en zonas urbanas, debido a la pérdida de libertad de tránsito y los riesgos constantes que enfrentan estudiantes y docentes, además de que la situación ha obligado a niños y niñas a abandonar las aulas para apoyar económicamente a sus familias.
Los indicadores educativos ya mostraban rezagos estructurales, señala el OSHRA, ya que más de 47 por ciento de la población mayor de 15 años no cuenta con educación básica, el grado promedio de escolaridad es de segundo de secundaria y el analfabetismo asciende a 8.65 por ciento, por encima de la media estatal.
“Si no se protege la educación, será imposible revertir el ciclo de violencia”, plantea el documento, que propone estrategias urgentes como reducir la saturación de planteles, aumentar la cobertura y generar una estrategia especial para estudiantes desplazados.
Deterioro económico
Pese a contar con una importante actividad agroindustrial, Apatzingán ha sufrido un deterioro económico severo entre 2020 y 2022, cuando el ingreso promedio por hogar aumentó apenas 6 por ciento, muy por debajo del crecimiento estatal (22 por ciento) y nacional (26 por ciento).
Asimismo, añade el estudio, la inversión privada ha sido frenada por los altos niveles de inseguridad y cerca de 3 mil 450 millones de pesos no se reinvirtieron en la región, lo que ha derivado en desempleo, pobreza y migración. La tasa de rentabilidad empresarial en la zona supera el 30 por ciento, pero el temor a extorsiones y violencia inhibe cualquier intento de expansión o apertura de nuevas empresas.
A nivel comparativo, refiere, municipios con características similares como Tecomán, Colima, reportan un ingreso trimestral por hogar de más de 63 mil pesos, mientras que en Apatzingán la cifra es de 48 mil 678 pesos, una brecha que evidencia el estancamiento y la marginación económica de la región.
Retroceso en Agenda de Seguridad
El Observatorio denuncia un retroceso significativo en los compromisos asumidos en la Agenda de Seguridad Humana elaborada en 2018 por académicos, sociedad civil y autoridades locales, ya que mientras que en 2023 el 48 por ciento de las recomendaciones estaban en implementación, para 2025 sólo el 22 por ciento mantiene avances, mientras que el 45% está en situación crítica debido a la inseguridad.
Entre las acciones recomendadas se encuentra la creación de una policía municipal de proximidad, el impulso a una inversión detonante en sectores productivos, la reconstrucción del tejido social a través de una cultura de paz, y la incorporación de la educación para el buen convivir en el sistema educativo regional.
Como prioridad urgente, el Observatorio propone frenar la confrontación entre grupos delictivos mediante una estrategia de seguridad integral, inspirada en modelos exitosos como los implementados en Tancítaro y la Meseta Purépecha.
También propone la creación de mesas de desarrollo económico con participación del Estado, empresas y sociedad civil, para diseñar políticas de reactivación productiva que incentiven el empleo y reduzcan la captación de jóvenes por parte del crimen organizado.
En el ámbito educativo, se urge a establecer mecanismos de escolarización emergente para niños desplazados, así como tutorías académicas y condiciones seguras para la operación de escuelas.
La situación en Apatzingán, según el informe, es un testimonio de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de seguridad y derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno o el acceso a la salud y la justicia.
El documento concluye con un llamado a recuperar la gobernabilidad mediante la construcción de consensos sociales, el reconocimiento de la violencia como una crisis humanitaria y la corresponsabilidad entre gobierno, sociedad y comunidad internacional para evitar el colapso total de la región.
Con información de proceso.com.mx