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Hay una reflexión y análisis que, se hace sobre un audio que circula entre grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.

Según destaca en este análisis, el audio señala que los retiros del fondo propio de Pensiones Civiles del Estado, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa institución.

La reflexión sobre ese audio que circula entre jubilados y pensionados del magisterio, un grupo con influencia que, dicen, logró poner a uno de los suyos en la actual dirigencia de la Sección 42, lo que les salió peor, es tan oportuno que merece ser difundido y la reproducción íntegra del mismo, que a continuación se presenta, con los créditos a quien corresponda:

Opinión: El miedo como estrategia: el fondo propio y la amenaza que no existe

En los últimos días ha comenzado a circular un audio anónimo en grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE). Aunque su autor no se identifica, su contenido reproduce de forma casi literal la narrativa promovida por algunos actores sindicales que hoy ocupan posiciones de poder. El mensaje busca generar temor entre quienes han decidido ejercer su derecho a recuperar el llamado “fondo propio”, insinuando que esta acción podría provocar el colapso del sistema.

En el audio se afirma que retirar el fondo propio “pone en riesgo Pensiones” y que, de continuar por ese camino, “se perderán todos los beneficios” que supuestamente se disfrutan como jubilados. Quien lo dice no se presenta como parte del comité, pero habla como si lo fuera. Quizá lo hace desde la ignorancia, repitiendo lo que ha escuchado; quizá desde la intención de confundir y asustar.

Lo cierto es que la estrategia es clara: convertir un acto de defensa legal en un supuesto acto de traición colectiva. Culpar a quienes exigen cuentas, mientras se protege a quienes llevan años sin rendirlas.

¿Quién sostiene Pensiones?

Una de las afirmaciones más preocupantes de este discurso es que Pensiones se sostiene gracias a los descuentos del fondo propio realizados a unos tres mil jubilados, es decir, a quienes se retiraron a partir de 2014. Este argumento es completamente insostenible si se considera que PCE cuenta con más de 95,000 afiliados entre activos y jubilados.

Si tres mil personas son las que sostienen todo, entonces el sistema ya está quebrado. No por culpa de los jubilados que exigen lo suyo, sino por quienes han permitido que más de 50 instituciones deudoras no paguen lo que deben. Ahí está el verdadero problema, y ahí debería estar también la indignación.

La legalidad del retiro

No es nuevo ni ilegal el retiro del fondo propio. Varios juicios se han ganado ya en tribunales por su carácter inconstitucional: se trata de un descuento unilateral, sin consulta y aplicado de forma desigual. Ante estos hechos, el abogado Lic. Mena —a quien falsamente se le ha vinculado con estas demandas— emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de cualquier participación. Señaló que ni él ni su despacho tienen relación alguna con grupos como COSIGEN, y que su única acción jurídica ha sido contra la omisión legislativa del fondo de vivienda.

La desinformación, sin embargo, ha sido útil para ciertos sectores que buscan desviar la conversación. En lugar de hablar de auditorías, de recuperación de adeudos o de transparencia financiera, se opta por atacar al jubilado que ejerce su derecho.

El miedo como método

El mensaje anónimo no es un caso aislado. En los mismos días, en el grupo “2-DERECHOHABIENTES”, una participante llamada Lucy Robles sugirió “frenar a tiempo” las ideas que alientan a los jubilados a actuar, acusando a sus promotores de ser “redentores obsoletos”. La lógica es simple: quien cuestiona, quien propone, quien se defiende, representa una amenaza al orden de quienes se sienten cómodos en el poder.

Se pretende convencer a los jubilados de que pedir lo justo es desestabilizar; que exigir transparencia es egoísta; que actuar por cuenta propia es traicionar al colectivo. Pero nunca se habla de los millones que no se han cobrado a los entes deudores, de las decisiones negligentes que nos llevaron al deterioro actual, ni del silencio cómplice de los comités pasados y presentes.

Reflexión final

Cada quien debe tomar su decisión. Nadie está obligado a retirar el fondo propio, pero tampoco debe sentirse culpable quien lo haga. La defensa del patrimonio individual es legítima, sobre todo cuando el sistema que debía protegernos ha fallado una y otra vez.

Si yo estuviera en esa situación, sí elegiría recuperar mi dinero. La vida es corta. No estamos para despreciar recursos que legítimamente nos pertenecen. Lo que no haría es quedarme callado ante el miedo disfrazado de consejo, ni permitir que el discurso oficial me convenza de resignarme.

El problema de Pensiones no es quien se defiende.

El problema de Pensiones es quien calla, solapa y desvía.

POR PCE POR NUESTRA SALUD