Maduro incurre en "terrorismo de Estado" para mantenerse "ilegítimamente" en el poder: CIDH

BOGOTÁ (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó hoy al régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro de ejecutar prácticas de “terrorismo de Estado” y desarrollar una “represión sistemática” antes, durante y después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio con el propósito del “perpetuarse ilegítimamente en el poder”.

En el informe “Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”, divulgado este martes, el organismo hemisférico señaló que la operación represiva a gran escala que desató Maduro contra las manifestaciones espontáneas de la ciudadanía, que percibía un “fraude electoral” perpetrado por el régimen.

La represión, señaló la CIDH, ha dejado “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas dos mil detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”.

El reporte, que se publica tres días antes de que el presidente de Venezuela electo en los comicios del 28 de julio deba juramentar en el cargo, indicó que, además, se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.

La crisis política y derechos humanos en Venezuela “es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”, agregó la CIDH.

Maduro tiene programado juramentar este viernes 10 ante la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, para un tercer periodo como presidente de Venezuela. Esto, a pesar de las evidencias de fraude presentadas por la oposición.

Según las actas digitales de las mesas de votación divulgadas por la oposición, el candidato de la coalición opositora, Edmundo González Urrutia, ganó la elección presidencial con el 67% de los votos, mientras que Maduro obtuvo el 31%.

La CIDH indicó que antes, durante y después de los comicios presidenciales, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, en tres etapas: la primera, para impedir la participación política de la oposición; la segunda, para obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y la tercera, para sembrar terror en la ciudadanía e inhibir la protesta social por el fraude electoral.

“Estos hechos sólo pudieron llevarse a cabo, sin ningún control, debido a la cooptación de los distintos poderes del Estado, registrada en las últimas dos décadas”, indicó el organismo hemisférico.

El reporte indicó que el Estado recurrió al poder de instituciones como la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las fuerzas de seguridad para llevar a cabo detenciones arbitrarias de personas opositoras, defensoras de derechos humanos y con liderazgo social “bajo acusaciones vagas”.

El control de las instituciones diseñadas para promover y proteger los derechos humanos y la democracia, junto con la corrupción a gran escala para el recaudo de rentas lícitas e ilícitas, “han sido fundamentales para garantizar el actuar impune de las fuerzas de seguridad”, agregó la CIDH.

Y sostuvo que el caso venezolano “ilustra claramente la relación intrínseca entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho”.

De acuerdo con el reporte, las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio “configuran una alteración del orden constitucional”, mientras que la opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos “impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”.

Con información de proceso.com.mx