Gobierno omite involucrar a Grupo México en plan para Río Sonora: ONG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum omite involucrar a Grupo México (GM), la empresa responsable de contaminar el Río Sonora hace once años, en su plan de remediación, que tampoco cuenta con presupuesto ni medidas claras calendarizadas para su ejecución, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS).

Tras sostener una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, el pasado 20 de mayo, integrantes del CCRS alertaron que la propuesta de remediación del Río Sonora, contaminado desde 2014 por un derrame de tóxicos de una mina propiedad de GM, integrantes de los CCRS lamentaron que “no se incluyeron planes claros, detalles operativos, responsables, compromisos, fechas formales o presupuesto” para atender un problema que afecta a varias comunidades. 

En un comunicado, recordaron que no eran nuevas muchas de las propuestas presentadas en la reunión en la que también participaron la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y funcionarios de menor rango de Semarnat, Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e IMSS- Bienestar. 

Explicaron que, entre los planteamientos presentados, ya habían sido acordado “en las mesas de diálogo el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, sin que hasta ahora se les haya dado cumplimiento ni seguimiento”. 

Las comunidades expresaron su preocupación de que en la reunión “no se haya planteado una estrategia legal y política clara para que Grupo México, el principal responsable de este desastre, cumpla las resoluciones emitidas que reconocen el derecho a la reparación ambiental en la cuenca del Rio Sonora, rinda cuentas y repare los daños causados por su derrame y el acaparamiento de agua en la región”. 

Resaltaron que “pensar en una negociación con la empresa ignora la forma en que ésta ha actuado durante la última década: con tácticas judiciales dilatorias, desestimando los derechos de las comunidades y tratando de derribar soluciones judiciales clave en materia de derechos humanos para proteger a las víctimas”. 

Cabe recordar que en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 640/2019 se dejó sin efecto el convenio de extinción del Fideicomiso Río Sonora, firmado por las autoridades ambientales y la empresa Buenavista del Cobre de Grupo México, y creado en 2014 para remediar los daños causados por el derrame de tóxicos, por no haber consultado a las comunidades afectadas.

Así la SCJN determinó que el cierre de las Fideicomiso se dio de manera unilateral, por lo que la extinción “viola el derecho de los demandantes a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano”, según se lee en la sentencia, retomada por los CCRS y la organización civil Poder. 

A casi once años del desaseo ambiental minero en México, considerado el más grave, las comunidades siguen “esperando justicia real, reparación efectiva y medidas claras para detener el deterioro ambiental y de salud en la cuenca del Río Sonora” .

Los CCRS recordaron que “las autoridades cuentan con estudios suficientes, avalados por sus propias instituciones, para tomar acciones urgentes que protejan al Rio Sonora”, de ahí que “no hacerlo, evidenciaría una falta de voluntad política”. 

Los asistentes a la reunión lamentaron “la ausencia injustificada del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), quienes habían realizado estudios y dictámenes fundamentales”, por lo que exigieron que en próximas reuniones esas instituciones sean incorporadas, “para evitar duplicidades y pérdida de tiempo”. 

En cuanto al IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud los representantes de los CCRS exigieron que rindan cuentas “por los expedientes que ya fueron elaborados por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), en donde se comprobó el alto nivel de exposición a metales pesados en sangre y orina de las personas”. 

Destacaron que en 2023 “las autoridades de salud abandonaron unilateralmente los esfuerzos por atender a la población, negando toda responsabilidad en los juzgados, y cortando diálogos con las comunidades”. 

Para los CCRS “no es posible construir planes de remediación sin un piso firme”, y pretender presentarse como autoridades “sin un plan estructurado, actualizado y realista no es avanzar en acciones”. 

Al resaltar que las propuestas serán revisadas a fondo, para dar una respuesta puntal que será enviada a Semarnat, los CCRS recordaron que el plan de remediación del Río Sonora contemple “acciones calendarizadas a corto, mediano y largo plazo” y que se nombre públicamente a los responsables institucionales de cada acción; la asignación de un presupuesto en el que se definan las fuentes de financiamiento; la publicación del plan de remediación en el Diario Oficial y la creación de una Comisión de Supervisión, Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación, “integrada por las víctimas, con voz y decisión en todo el proceso”. 

Los CCRS apuntaron que en la reunión exigieron transparencia sobre el Plan Hídrico para Sonora, que contempla la construcción de tres presas y dos acueductos en los ríos Sonora y San Miguel, considerando que “cualquier megaproyecto que ponga en riesgo la salud humana y del ecosistema debe contar con el consentimiento informado de las comunidades”, alertando que sin remediación previa no se pueden construir presas. 

“Seguiremos participando en este proceso con la firme convicción de que la justicia ambiental y el respeto a nuestros derechos no son negociables, y siempre y cuando se reflejen acciones concretas que nos acerquen más hacia una reparación integral de la cuenta del Río Sonora, por la cual hemos luchado de manera sostenida durante casi once años, exigiendo memoria, justicia y memorias de no repetición”, concluyeron los CCRS. 

con información de: Proceso.