A un ritmo de dos reformas por día, el Congreso de la Unión aprobó 16 paquetes de cambios legales en el periodo extraordinario de sesiones que concluyó el 2 de julio. En seis de ellos, la oposición denunció que se permitirá al gobierno espiar a los ciudadanos a través de sus datos biométricos o localización en tiempo real de sus teléfonos móviles, además abrir la puerta a la censura en medios de comunicación.
Se trató de un periodo insólito y desaseado porque la fuerza mayoritaria de Morena convocó al extraordinario de 10 días de aprobación fast track de iniciativas, sin contar con dictámenes aprobados en comisiones.
En 10 casos no se contó con dictamen al momento de iniciar el extraordinario: Ley de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley de la Guardia Nacional, Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; Ley Federal de Competencia Económica; Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; Ley General de Desarrollo Social; Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
De las iniciativas presentadas, 13 fueron promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Algunas de ellas, como la prohibición del uso de delfines en espectáculos o el reconocimiento a mujeres en la historia, fueron respaldadas por la oposición; el resto fueron rechazadas o se dividió el voto.
Las reformas intransitables para PAN, PRI y Movimiento Ciudadano fueron las de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, donde acusaron riesgos de espionaje y militarización de la seguridad pública, respectivamente.
La oposición se dividió en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En la discusión, los legisladores del PRI y PAN se mantuvieron en contra al considerar que el gobierno busca apoderarse de los datos biométricos de los ciudadanos con el argumento de localizar a personas desaparecidas, mientras que Movimiento Ciudadano votó en abstención.
Un caso similar fue en la Ley de Telecomunicaciones, donde PAN y PRI rechazaron la norma, mientras que MC la respaldó luego de que Morena y el gobierno federal hicieron cambios debido a la presión de ciudadanos, académicos y expertos que denunciaron posible censura en plataformas digitales y redes sociales. La ley, sin embargo, mantuvo irreductibles para el oficialismo, como la localización geográfica, en tiempo real, de los teléfonos celulares de los ciudadanos, y la suspensión precautoria de transmisiones de radio y televisión si afectan los derechos de las audiencias.
Otra norma que dividió a la oposición fue la reforma contra el lavado de dinero, donde se dieron más dientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener información de las personas sobre contratos bancarios, bursátiles o financieros, tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos, de servicios y de pago electrónico, cuando sean sospechosos de blanqueo. Aquí el PRI se mantuvo en contra, mientras que las bancadas del PAN y de MC se abstuvieron.
Las seis modificaciones legales donde PRI, PAN y MC acusaron una intención de espionaje del gobierno fueron en aquellas que ordenan recabar datos biométricos de ciudadanos y menores de edad en la Clave Única de Registro de Población (CURP) y las súper facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para rastrear redes de comunicación y geolocalización de equipos móviles, así como recabar datos vehiculares, biométricos, inmobiliarios, de salud, religiosos, telefónicos, de empresas, comercio y fiscales, lo que se calificó como “gobierno espía” por legisladores de oposición.
En el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, que inició el 23 de junio y concluyó el 2 de julio, se aprobaron 15 paquetes de reformas, además del acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con lo que en total fueron avalados 16 instrumentos legales.
Con información de Latinus