Ciudad de México, 08/05/25 (Más).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló este jueves que 193 resoluciones judiciales emitidas durante la actual administración federal han favorecido a presuntos operadores criminales, lo que incluye traslados, cambios de medida cautelar, egresos y liberaciones de personas procesadas por delitos de alto impacto.
Durante la conferencia presidencial matutina, Harfuch detalló que entre octubre de 2024 y abril de 2025, se concretaron 164 egresos por cambio de medida cautelar, dos egresos definitivos y 27 traslados a centros penitenciarios de menor seguridad, a pesar de que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social consideró no viables dichas solicitudes.
“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”, declaró Harfuch. Las personas beneficiadas, afirmó, enfrentaban cargos por secuestro, homicidio, portación de armas de fuego y delitos de delincuencia organizada.
Uno de los casos señalados por el funcionario es el del juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien ha dictado diversas resoluciones que, según la SSPC, facilitaron la liberación o el traslado de personas procesadas por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y corrupción.
Entre los casos mencionados se encuentran:
24 de abril de 2025: Autorizó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, al penal de Aguaruto, donde posteriormente fueron decomisadas armas, drogas y dinero en efectivo.
Enero de 2023: Ordenó la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
Marzo de 2024: Dictó auto de no vinculación a proceso contra Juan Enrique “N”, alias La Pingua, presunto operador de la facción Los Escorpiones del Cártel del Golfo.
Noviembre de 2024: Revocó la medida de prisión preventiva contra José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, también sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.
En diciembre de 2024, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que se ejercería acción penal contra el juez Gregorio Salazar Hernández por delitos relacionados con la impartición indebida de justicia. Sin embargo, no ha sido el único juez señalado.
Harfuch también mencionó al juez Silvestre Peña Crespo, de Guanajuato, quien emitió cinco resoluciones de traslado de reos considerados de alta peligrosidad. Asimismo, exhibió a los jueces Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, ambos del estado de Sonora, quienes han concedido 58 y 15 resoluciones, respectivamente, en favor de cambios de medidas cautelares a presuntos integrantes del crimen organizado.
En el periodo analizado, entre octubre y abril, la SSPC identificó que al menos 26 personas con presunta pertenencia a cárteles como el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana y Los Rojos fueron beneficiadas judicialmente.
La presidenta Claudia Sheinbaum no emitió comentario directo sobre los jueces mencionados, pero enfatizó en la conferencia su respaldo a la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, subrayando la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y revisar los mecanismos de actuación en casos de alto impacto criminal.García Harfuch concluyó su intervención reiterando que la SSPC trabaja para garantizar la seguridad pública sin interferir en las competencias del Poder Judicial, pero también destacó la importancia de la transparencia y el rigor en las decisiones judiciales, especialmente en contextos donde está en juego la lucha contra el crimen organizado.
Con información de massinformacion.com.mx