Reporta ASE 26 casos de particulares que falsearon información en contratos públicos
El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, en reunión ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, informó que del 2018 al 2023 se tienen 25 faltas administrtivas graves cometidas por particulares, 19 denuncias ya presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa y 7 se encuentran en la ASE por promoverse.
“Estamos hablando de particulares que cometen una falta grave al presentar información falsa o falsear la propia información”, dijo ante los diputados.
De los ejemplos de particulares denunciados por la auditoría y sancionados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, está uno en la Secretaría de Hacienda donde se presentó una manipulación del documento, por el cual el TEJA resolvió inhabilitación por dos años para participar en procesos licitatorios.
Dos casos en el FIDAPECH del programa de atención emergente a la pandemia donde microempresas hubo 40 recibos de nómina timbrada, supuestamente expedida con los sellos oficiales del SAT, y resultó documentación completamente alterada. Se resolvió sanción económica de 74 mil 225 pesos para cada implicado.
En el municipio de Santa Isabel, se le rentaron al municipio mesas y sillas por 170 mil pesos a la ex síndica del municipio.
“Ya estamos empezando a detectar cuáles documentos son los que son alterados con mayor frecuencia… con mayor frecuencia, puede estar el documento y a simple vista no parecer que está alterado. Pero cuando se hace la consulta al SAT, después de ciertas características que nos indican que el documento es falso”, dijo.
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Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante.
“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador.
Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado.
A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.
Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo
Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.
Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.
En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.
Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.
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