Playa Vicente, 09/05/25 (Más).- A pesar de haber abandonado una obra carretera sin haber realizado un solo metro de trabajo, la empresa Infraestructura en Construcción recibió un contrato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para reparar el camino que conecta a la comunidad de Tomate Río Manso, en el sur de Veracruz.
La firma ya había sido declarada como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2018, según un trabajo periodístico publicado por Animal Político.
El contrato, otorgado en agosto de 2019 por 4 millones 585 mil pesos, tenía el propósito de rehabilitar el acceso entre Tomate y la carretera Tuxtepec-Palomares, beneficiando a seis localidades rurales del municipio de Playa Vicente. Sin embargo, los trabajos no comenzaron y la empresa nunca emitió la factura necesaria para recibir el anticipo.
Infraestructura en Construcción fue evaluada como la mejor propuesta técnica y de experiencia por la SICT Veracruz, pese a que su oferta era la tercera más costosa y que compartía socios con otra empresa concursante, Construcciones B&M, lo que violaría la Ley de Obras Públicas por conflicto de interés. Además, la secretaría admitió no haber revisado el estatus fiscal de la firma en el listado 69-B del SAT antes de firmar el contrato.
A solicitud de la propia empresa, la rescisión del contrato fue tramitada hasta diciembre de ese año, cuando la dependencia ya debía haber recibido la obra terminada. En febrero de 2020, personal de la SICT acudió al sitio y constató que no se había realizado ningún avance. A pesar de la inactividad, no se impusieron sanciones administrativas a los funcionarios responsables del contrato.
La constructora debía pagar 1.3 millones de pesos en multas por el incumplimiento, monto que no ha sido cubierto. La dependencia federal argumentó que la recuperación del dinero corresponde actualmente a la Tesorería de la Federación.
Las investigaciones periodísticas revelaron que Infraestructura en Construcción formó parte de una red de al menos tres empresas con vínculos familiares y administrativos, todas operadas por el arquitecto Ramón Montano Hernández. Además de esta firma, figuran Construcciones B&M y H.M. Pavimentaciones, compañías que también han recibido contratos públicos en Veracruz.
En entrevistas realizadas por Quinto Elemento Lab y AVC Noticias, personas registradas como accionistas de la empresa negaron haber aportado capital alguno. Uno de ellos, un albañil de 49 años, figura como dueño de acciones por un millón de pesos pero vive en condiciones modestas en la periferia de Xalapa. Otro, identificado como jardinero, confirmó su relación con la empresa pero rehusó hablar sobre los contratos.
Montano admitió haber constituido las empresas con trabajadores o conocidos para cumplir con los requisitos formales. Confirmó que las operaciones reales eran dirigidas por él y sus familiares, incluyendo a su esposa e hijas, quienes aparecen como representantes legales y comisarias en distintas firmas.
La red de empresas vinculadas a Montano ha recibido más de 300 millones de pesos en contratos públicos desde 2005, principalmente de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. La empresa también obtuvo contratos del IMSS y de ayuntamientos locales, aunque en varios casos no hay comprobantes de la ejecución de las obras.
El exdirector del Centro SICT Veracruz, José Adalberto Vega Regalado, firmó el contrato con Infraestructura en Construcción y posteriormente fue trasladado a Nuevo León, donde también enfrentó señalamientos por irregularidades en licitaciones. En la actualidad es diputado federal suplente del Partido Verde y forma parte de la Comisión de Infraestructura. Canceló una entrevista pactada para esta investigación y no respondió a las preguntas enviadas por escrito.
Hasta el momento, la SICT no tiene planes de licitar nuevamente la rehabilitación del camino hacia Tomate Río Manso. La comunidad permanece aislada, con un camino dividido entre terracería y asfalto en mal estado, pese a los contratos asignados a lo largo de la última década.
La ausencia de sanciones, tanto a las empresas involucradas como a los funcionarios responsables, ha dejado a los pobladores en la incertidumbre. Mientras tanto, las firmas vinculadas a Infraestructura en Construcción siguen participando en procesos de contratación pública en el estado.
Con información de: Massinformación.