PUEBLA, Pue. (apro).- El activista Renato Romero Camacho quedó libre de cargos luego de que en una audiencia, celebrada esta mañana, un juez de control determinó que no había elementos para vincularlo a proceso por los delitos de daño en propiedad ajena y despojo de los cuales lo acusaba la empresa concesionaria Agua de Puebla.
A su salida de la audiencia en la Casa de Justicia de Cholula, el defensor del agua y de la tierra dijo que la denuncia en su contra estuvo basada en “inventos” y “calumnias” por lo cual fue echada abajo por los abogados que llevaron su defensa.
"Estoy libre. Me han revocado las medidas precautorias que me impusieron en la audiencia inicial. Solo le dieron el derecho a la empresa capitalista Concesiones Integrales de volver a solicitar que se me impute. Que lo vuelva a hacer, para que entonces la pongamos nosotros en el banquillo de los acusados", expresó.
En su discurso, el luchador social hizo responsable a la concesionaria, en la cual “tiene grandes intereses”, Carlos Hank Rhon, de cualquier atentado contra su vida, porque aseguró que su activismo “afecta” los intereses de ese grupo cuyo origen está en Carlos Hank González, fundador del grupo Atlacomulco.
Apunto que de acuerdo al Registro Público de Derechos del Agua (RPDA), la empresa —que desde 2014 presta el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y confinamiento de aguas residuales en seis municipios de Puebla capital— tiene concesionados 93 millones de metros cúbicos anuales.
“Es inmenso el saqueo y gigantesco el negocio. Ese es mi delito, decir la verdad, atreverme a decir y dar nombres”, expresó.
También hizo referencia al convenio firmado en 1994 por el gobierno de Puebla con la localidad de Nealtican y que fue impuesto en su momento por represión policíaca, en la que incluso se usaron perros para atemorizar a los habitantes y del cual ahora se beneficia Agua de Puebla, cuya razón social es Concesiones Integrales.
Recordó que en este acuerdo el entonces gobernador Manuel Bartlett y Mario Marín Torres, quien era secretario de Gobernación, prometieron que no afectarían el suministro a la localidad, pero además que construirían una universidad, un hospital y se pavimentarían calles, pero no cumplieron.
Y aseguró que lo mismo ocurrió en la localidad de Xoxtla donde igual se firmó un convenio, sin que a la fecha se satisfaga ninguna de las promesas que hizo el gobierno estatal para que los pueblos cedieran su agua a fin de surtir a Puebla capital.
“Están saqueando los acuíferos, los están secando y dejando a los pueblos cholultecas sin agua”, manifestó al convocar a las organizaciones y pobladores a seguir en la lucha en defensa de ese recurso y por la desprivatización del servicio de agua en la capital.
El abogado Tonatiuh Sarabia dijo que más que una victoria jurídica, la no vinculación a proceso de Romero Camacho, es consecuencia de la suma de fuerzas como organizaciones sociales y medios de comunicación.
Apuntó que en el caso del activista y de otros dos pobladores de Xoxtla, es claro que la Fiscalía General de Puebla (FGEP) se prestó para fabricarles un delito, pero que esta represión a la lucha social no pudo prosperar por la movilización y el repudio popular que despertó.
En ese sentido convocó al gobierno estatal de Alejandro Armenta a no ponerse del lado de los intereses de las empresas, sino de los “gobernados”, y a no recurrir a la represión y criminalización de las luchas sociales, como ocurrió en tiempos del morenovallismo, sino a priorizar el diálogo.
En cuanto a las dos órdenes de aprehensión, uno de los acusados Pascual Bermúdez, obtuvo un amparo provisional, mientras que sigue vigente el proceso contra el otro poblador de nombre Rogelio Flores.
También este fin de semana obtuvo su libertad Emiliano Zambrano, líder del Campamento de Resistencia y Defensa de la Tierra y el Agua de Santa María Malacatepec, quien desde 2016 encabeza la lucha de pobladores que busca frenar el avance del proyecto inmobiliario City Lomas, del Grupo Proyecta.
Por 11 meses, Zambrano estuvo preso en el penal de Cholula, acusado de abuso sexual que pudo resolverse desde su inicio por un acuerdo reparatorio, pues no se acreditó daño físico, ni violencia, pero sólo hasta este sábado un juez hizo valer una resolución alterna a este caso que permitió que siga su proceso en libertad.
Desde un principio, Zambrano ha acusado a Grupo Proyecta de haberle fabricado esa acusación para desarticular la defensa de terrenos comunales del ejido Malacatepec, hacia los cuales la empresa-en la que es socio Pedro Aspe Armella, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- pretende expandir su desarrollo inmobiliario llamado Lomas de Angelópolis.
Con información de: Proceso.