El colectivo Guerreros Buscadores aseguró que fueron excluidos del proceso de integración y las modificaciones para fortalecer la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Representantes de las familias que integran este colectivo fueron convocadas este miércoles 9 de julio a una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, para escuchar las inconformidades y observaciones de la ley promovida por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Guerreros Buscadores fue el colectivo que evidenció lo ocurrido en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en el que se encontraron prendas de presuntas víctimas de reclutamiento forzado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre las inconformidades es que después de la primera reunión que sostuvieron en SEGOB en marzo de este año, no fueron convocados nuevamente ni se les presentó el contenido final de los acuerdos para mejorar la ley que se envió al Congreso de la Unión para su aprobación, "ellos nada más lanzaron sus reformas y nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellas lanzaron”, afirmó Raúl Servín, integrante del colectivo.
Por su parte, Indira Navarro, fundadora de Guerreros Buscadores, indicó que sus propuestas para mejorar la coordinación con las autoridades y condiciones a las que se enfrentan las familias de los desaparecidos no fueron tomadas en cuenta.
“Venimos a hablar todo sobre la reforma, sobre las inconformidades, sobre lo que nos hizo falta, la exclusión que tuvimos los familiares aparte de las mesas de trabajo, si hubo mucha polémica con varios colectivos porque no hay conformidad, no se tomaron en cuenta propuestas y aparte no nos presentaron antes de pasar al congreso las reformas como iban a quedar" aseguró Navarro.
Carmen Salazar, profesora de la Universidad de Guadalajara quien acudió como asesora del las familias, afirmó que la ley no aporta nada nuevo y que sólo se debe aplicar la ley por las autoridades para que se resuelva crisis de desaparecidos y la crisis forense en el país.
“La preocupación principal es que lo que ya está en la ley se cumpla que estás obligaciones y estos derechos que tienen las familias se hagan efectivos y sobre todo esto que es el andamiaje institucional se traduzca en atención directa a las víctimas a las familias a la investigación a la búsqueda a los programas de atención de los niños, niñas y adolescentes y a una campaña de prevención” explicó la catedrática.
Se espera un posicionamiento de las familias al concluir la reunión.
Con información de Latinus