Deudores alimenticios pagaran con Afore
Saltillo, Coah.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó el uso excepcional de los recursos de las Afores para garantizar el cumplimiento de pensiones alimenticias, incluso si el titular de la cuenta se encuentra desempleado. Esta decisión ha sido calificada como un avance crucial en la lucha contra la violencia económica, especialmente hacia mujeres, niñas y niños, por parte de la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Katy Salinas.
“Es un avance muy importante porque es un tipo de violencia contra las mujeres y contra los niños. La violencia económica ha estado presente históricamente, y por desgracia no había existido una acción tan directa en beneficio de ellos. Lo celebramos enormemente”, expresó la funcionaria.
La decisión de la Corte permitirá que, bajo ciertas condiciones, se disponga de hasta el 10 por ciento del total de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores. Aunque por ley estos fondos no podían ser embargados, la Corte consideró que el interés superior del menor justifica una excepción.
Esta interpretación judicial, promovida por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, establece un criterio obligatorio para futuros casos similares. Aunque no modifica la ley, sí representa un cambio sustancial en la forma en que se protegerán los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Lo que sigue es articular los esfuerzos, coordinarse con instancias como el IMSS y otras, para identificar a quienes tienen estas Afores y avanzar en la aplicación de este criterio”, señaló Salinas.
La funcionaria advirtió que uno de los retos más frecuentes es la evasión de responsabilidades por parte de padres que renuncian a sus empleos para evitar los descuentos vía nómina.
“Tenemos ya varios meses identificando estos casos. El grupo de abogadas y abogados de los Centros de Justicia para las Mujeres hace investigaciones para localizar a estas personas, incluso con apoyo de instituciones como el IMSS”, explicó.
Aunque no existe un número exacto de casos registrados, se reflejan en juzgados familiares dentro de procedimientos de divorcio, donde también se evidencian formas de violencia económica que no siempre llegan a la vía penal.
Salinas reconoció que la violencia económica sigue siendo poco denunciada. De los casos atendidos por el Instituto, cerca del 10% refiere este tipo de violencia de forma específica. Sin embargo, enfatizó que es común en procesos de separación o divorcio, lo que pone en riesgo el bienestar de las infancias.
“El llamado es a ejercer una maternidad y paternidad responsable. Las niñas y niños tienen derecho a recibir alimentos, educación, salud, vivienda y vestido, lo mínimo necesario para su desarrollo”, sostuvo.
Además, advirtió que quienes incumplen con el pago de la pensión alimenticia, incluso de forma deliberada, podrían enfrentar consecuencias legales graves, como la pérdida de la custodia.
Esta resolución se suma a otras acciones legales, como la Ley Sabina, que creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual impide a los deudores realizar trámites como obtener pasaporte, licencia de conducir o casarse por el civil. También se han aprobado reformas al Código Civil Federal para sancionar a quienes buscan evadir el pago de pensiones saliendo del país.
Con información de massinformacion.com.mx
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Una opinión
Hay una reflexión y análisis que, se hace sobre un audio que circula entre grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.
Según destaca en este análisis, el audio señala que los retiros del fondo propio de Pensiones Civiles del Estado, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa institución.
La reflexión sobre ese audio que circula entre jubilados y pensionados del magisterio, un grupo con influencia que, dicen, logró poner a uno de los suyos en la actual dirigencia de la Sección 42, lo que les salió peor, es tan oportuno que merece ser difundido y la reproducción íntegra del mismo, que a continuación se presenta, con los créditos a quien corresponda:
Opinión: El miedo como estrategia: el fondo propio y la amenaza que no existe
En los últimos días ha comenzado a circular un audio anónimo en grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE). Aunque su autor no se identifica, su contenido reproduce de forma casi literal la narrativa promovida por algunos actores sindicales que hoy ocupan posiciones de poder. El mensaje busca generar temor entre quienes han decidido ejercer su derecho a recuperar el llamado “fondo propio”, insinuando que esta acción podría provocar el colapso del sistema.
En el audio se afirma que retirar el fondo propio “pone en riesgo Pensiones” y que, de continuar por ese camino, “se perderán todos los beneficios” que supuestamente se disfrutan como jubilados. Quien lo dice no se presenta como parte del comité, pero habla como si lo fuera. Quizá lo hace desde la ignorancia, repitiendo lo que ha escuchado; quizá desde la intención de confundir y asustar.
Lo cierto es que la estrategia es clara: convertir un acto de defensa legal en un supuesto acto de traición colectiva. Culpar a quienes exigen cuentas, mientras se protege a quienes llevan años sin rendirlas.
¿Quién sostiene Pensiones?
Una de las afirmaciones más preocupantes de este discurso es que Pensiones se sostiene gracias a los descuentos del fondo propio realizados a unos tres mil jubilados, es decir, a quienes se retiraron a partir de 2014. Este argumento es completamente insostenible si se considera que PCE cuenta con más de 95,000 afiliados entre activos y jubilados.
Si tres mil personas son las que sostienen todo, entonces el sistema ya está quebrado. No por culpa de los jubilados que exigen lo suyo, sino por quienes han permitido que más de 50 instituciones deudoras no paguen lo que deben. Ahí está el verdadero problema, y ahí debería estar también la indignación.
La legalidad del retiro
No es nuevo ni ilegal el retiro del fondo propio. Varios juicios se han ganado ya en tribunales por su carácter inconstitucional: se trata de un descuento unilateral, sin consulta y aplicado de forma desigual. Ante estos hechos, el abogado Lic. Mena —a quien falsamente se le ha vinculado con estas demandas— emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de cualquier participación. Señaló que ni él ni su despacho tienen relación alguna con grupos como COSIGEN, y que su única acción jurídica ha sido contra la omisión legislativa del fondo de vivienda.
La desinformación, sin embargo, ha sido útil para ciertos sectores que buscan desviar la conversación. En lugar de hablar de auditorías, de recuperación de adeudos o de transparencia financiera, se opta por atacar al jubilado que ejerce su derecho.
El miedo como método
El mensaje anónimo no es un caso aislado. En los mismos días, en el grupo “2-DERECHOHABIENTES”, una participante llamada Lucy Robles sugirió “frenar a tiempo” las ideas que alientan a los jubilados a actuar, acusando a sus promotores de ser “redentores obsoletos”. La lógica es simple: quien cuestiona, quien propone, quien se defiende, representa una amenaza al orden de quienes se sienten cómodos en el poder.
Se pretende convencer a los jubilados de que pedir lo justo es desestabilizar; que exigir transparencia es egoísta; que actuar por cuenta propia es traicionar al colectivo. Pero nunca se habla de los millones que no se han cobrado a los entes deudores, de las decisiones negligentes que nos llevaron al deterioro actual, ni del silencio cómplice de los comités pasados y presentes.
Reflexión final
Cada quien debe tomar su decisión. Nadie está obligado a retirar el fondo propio, pero tampoco debe sentirse culpable quien lo haga. La defensa del patrimonio individual es legítima, sobre todo cuando el sistema que debía protegernos ha fallado una y otra vez.
Si yo estuviera en esa situación, sí elegiría recuperar mi dinero. La vida es corta. No estamos para despreciar recursos que legítimamente nos pertenecen. Lo que no haría es quedarme callado ante el miedo disfrazado de consejo, ni permitir que el discurso oficial me convenza de resignarme.
El problema de Pensiones no es quien se defiende.
El problema de Pensiones es quien calla, solapa y desvía.
POR PCE POR NUESTRA SALUD
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