"Es hora de salir del país, los encontraremos": Gobierno de EU a niños inmigrantes
El gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump envió unas cartas a menores inmigrantes en Illinois. Los textos amenazan con deportaciones, multas y procesos penales en contra de los infantes.
"Es hora de que salgas de Estados Unidos", señala la primera línea de una de las cartas que han recibido los menores a su nombre.
"Actualmente te encuentras aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te otorgó un permiso de entrada condicional a Estados Unidos por un período limitado. El DHS está ejerciendo su discreción para cancelar tu permiso de entrada condicional, o ya lo ha hecho", agrega.
"Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación", agrega la carta, que amenaza a los niños con un posible proceso penal, multas civiles y sanciones.
"No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará", concluye de manera ominosa.
"Esta es una barbaridad, algo nunca visto o imaginado por todos lo que nos dedicamos a la defensa de los indocumentados", declaró a EFE la pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope, que tiene sede en la ciudad de Waukegan, Illinois, 74 kilómetros al norte de Chicago.
El país más poderoso del mundo
"Imaginen qué pasa por la cabeza de un niño al recibir una carta de este tipo de parte del Gobierno del país más poderoso del mundo, que les niega el permiso humanitario. Esto es muy grave y fuerte", agregó.
Decenas de niños del área de Waukegan, que hacen parte de aquellos que cruzaron sin sus padres la frontera, en este caso mayoritariamente de México, recibieron cartas de deportación. Todos ellos ingresaron legalmente al país en 2014 bajo un programa humanitario como "menores no acompañados" y posteriormente se reunieron con sus padres indocumentados u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos.
A pesar de la reunificación, los menores no pueden ser representados legalmente por sus padres en un tribunal de inmigración, por la forma en que ingresaron al país, y dependen de abogados defensores que han visto su trabajo reducido por falta de recursos.
Según Contreras, las cartas pueden ser un cambio "preocupante y alarmante", porque ahora se buscaría despojar a los niños de las protecciones de asilo, incluso a aquellos con solicitudes pendientes, y acelerar la deportación de menores sin el debido proceso.
"Estos niños no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados. Incluso si el ICE no los busca de inmediato, la sola amenaza les causa un grave trauma psicológico", dijo.
Tres de esos niños, acompañados de madres o tías, buscaron la protección de "santuario" en la iglesia de Contreras. Un cuarto fue dejado solo al cuidado de la iglesia porque sus padres tienen miedo. "Estados Unidos está perdiendo su humanidad, las iglesias y otros santuarios ya no ofrecen garantías", afirmó la pastora.
El silencioso desmantelamiento legal
La ley de inmigración establece que los menores no acompañados que llegan a la frontera sin un padre o tutor legal deben recibir protección especial: son puestos bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, en inglés) y se les otorga un permiso humanitario mientras se procesan sus casos.
Pero en los últimos meses, defensores de los migrantes y abogados afirman que el sistema se está desmantelando silenciosamente.
Cada vez más menores no acompañados ven revocado su permiso humanitario y son encarcelados en procesos migratorios donde no tienen ninguna capacidad para defenderse, dijo a medios locales Davina Casas, pastora y líder de la Organización Monarquía, de Chicago.
Casas explicó que en marzo la Administración Trump recortó los fondos para abogados de menores no acompañados, y sólo tras una demanda de once grupos defensores se restablecieron temporalmente por orden judicial, aunque el caso sigue abierto.
Los grupos sostienen que, según una ley contra la trata de 2008, el Gobierno debe ofrecer asistencia legal y garantizar la repatriación segura de los niños, pero Casas duda que, incluso con fondos restablecidos, la demanda pueda ser cubierta.
En abril pasado, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8 mil 300 niños de 11 años o menos. Desde que Trump asumió el cargo en enero, los jueces han ordenado la deportación de más de 53 mil niños inmigrantes, según TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse), una organización adscrita a la Universidad de Syracuse.
La mayoría de estos niños están en edad de escuela primaria o son menores. Aproximadamente 15 mil tenían menos de 4 años y otros 20 mil entre 4 y 11 años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17 mil de ellos deportados.
Con información de Informador.mx
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Una opinión
Hay una reflexión y análisis que, se hace sobre un audio que circula entre grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.
Según destaca en este análisis, el audio señala que los retiros del fondo propio de Pensiones Civiles del Estado, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa institución.
La reflexión sobre ese audio que circula entre jubilados y pensionados del magisterio, un grupo con influencia que, dicen, logró poner a uno de los suyos en la actual dirigencia de la Sección 42, lo que les salió peor, es tan oportuno que merece ser difundido y la reproducción íntegra del mismo, que a continuación se presenta, con los créditos a quien corresponda:
Opinión: El miedo como estrategia: el fondo propio y la amenaza que no existe
En los últimos días ha comenzado a circular un audio anónimo en grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE). Aunque su autor no se identifica, su contenido reproduce de forma casi literal la narrativa promovida por algunos actores sindicales que hoy ocupan posiciones de poder. El mensaje busca generar temor entre quienes han decidido ejercer su derecho a recuperar el llamado “fondo propio”, insinuando que esta acción podría provocar el colapso del sistema.
En el audio se afirma que retirar el fondo propio “pone en riesgo Pensiones” y que, de continuar por ese camino, “se perderán todos los beneficios” que supuestamente se disfrutan como jubilados. Quien lo dice no se presenta como parte del comité, pero habla como si lo fuera. Quizá lo hace desde la ignorancia, repitiendo lo que ha escuchado; quizá desde la intención de confundir y asustar.
Lo cierto es que la estrategia es clara: convertir un acto de defensa legal en un supuesto acto de traición colectiva. Culpar a quienes exigen cuentas, mientras se protege a quienes llevan años sin rendirlas.
¿Quién sostiene Pensiones?
Una de las afirmaciones más preocupantes de este discurso es que Pensiones se sostiene gracias a los descuentos del fondo propio realizados a unos tres mil jubilados, es decir, a quienes se retiraron a partir de 2014. Este argumento es completamente insostenible si se considera que PCE cuenta con más de 95,000 afiliados entre activos y jubilados.
Si tres mil personas son las que sostienen todo, entonces el sistema ya está quebrado. No por culpa de los jubilados que exigen lo suyo, sino por quienes han permitido que más de 50 instituciones deudoras no paguen lo que deben. Ahí está el verdadero problema, y ahí debería estar también la indignación.
La legalidad del retiro
No es nuevo ni ilegal el retiro del fondo propio. Varios juicios se han ganado ya en tribunales por su carácter inconstitucional: se trata de un descuento unilateral, sin consulta y aplicado de forma desigual. Ante estos hechos, el abogado Lic. Mena —a quien falsamente se le ha vinculado con estas demandas— emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de cualquier participación. Señaló que ni él ni su despacho tienen relación alguna con grupos como COSIGEN, y que su única acción jurídica ha sido contra la omisión legislativa del fondo de vivienda.
La desinformación, sin embargo, ha sido útil para ciertos sectores que buscan desviar la conversación. En lugar de hablar de auditorías, de recuperación de adeudos o de transparencia financiera, se opta por atacar al jubilado que ejerce su derecho.
El miedo como método
El mensaje anónimo no es un caso aislado. En los mismos días, en el grupo “2-DERECHOHABIENTES”, una participante llamada Lucy Robles sugirió “frenar a tiempo” las ideas que alientan a los jubilados a actuar, acusando a sus promotores de ser “redentores obsoletos”. La lógica es simple: quien cuestiona, quien propone, quien se defiende, representa una amenaza al orden de quienes se sienten cómodos en el poder.
Se pretende convencer a los jubilados de que pedir lo justo es desestabilizar; que exigir transparencia es egoísta; que actuar por cuenta propia es traicionar al colectivo. Pero nunca se habla de los millones que no se han cobrado a los entes deudores, de las decisiones negligentes que nos llevaron al deterioro actual, ni del silencio cómplice de los comités pasados y presentes.
Reflexión final
Cada quien debe tomar su decisión. Nadie está obligado a retirar el fondo propio, pero tampoco debe sentirse culpable quien lo haga. La defensa del patrimonio individual es legítima, sobre todo cuando el sistema que debía protegernos ha fallado una y otra vez.
Si yo estuviera en esa situación, sí elegiría recuperar mi dinero. La vida es corta. No estamos para despreciar recursos que legítimamente nos pertenecen. Lo que no haría es quedarme callado ante el miedo disfrazado de consejo, ni permitir que el discurso oficial me convenza de resignarme.
El problema de Pensiones no es quien se defiende.
El problema de Pensiones es quien calla, solapa y desvía.
POR PCE POR NUESTRA SALUD
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