Comunidades y organizaciones exigen cancelar concesiones mineras en los Valles Centrales de Oaxaca
OAXACA, Oax., (apro) .- En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, comunidades y organizaciones denunciaron que los gobiernos federal y estatal han respondido con omisión, silencio y complicidad para favorecer a las empresas mineras extranjeras que han destruido el territorio y fracturado el tejido comunitario, por lo que exigieron la cancelación de las concesiones de a mineras en la región de los Valles Centrales.
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos denunció que, como en el pasado, los gobiernos de Morena han favorecido a las empresas mineras, ignorando las múltiples denuncias que “hemos presentado sobre los daños provocados por el proyecto “San José”, operado por la empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., y autorizando nuevas concesiones sin nuestro consentimiento”.
“Denunciamos que las autoridades han protegido los intereses de la minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, pese a que hemos presentado pruebas claras sobre los impactos negativos del proyecto: contaminación del agua, destrucción del territorio, fractura del tejido comunitario y violencia social”.
Ante esta situación de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, “hoy anunciamos que nos declaramos en movilización permanente. No permitiremos la expansión de la minería en nuestros territorios. Nuestros derechos no son negociables”.
En un pronunciamiento público exigieron “al Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca que resuelva conforme a derecho los amparos promovidos por nuestras comunidades en diciembre de 2023. Nuestra exigencia se basa en derechos reconocidos por la Constitución: Libre Determinación, Derecho al Territorio y al Medio Ambiente Sano”.
“A la empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., reiteramos: no cuenta ni contará con el consentimiento de nuestras comunidades. Exigimos el cierre inmediato del proyecto ‘San José’ y la implementación de un plan integral de mitigación y reparación del daño causado”.
Y al gobierno federal, demandaron la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales, respeto irrestricto a nuestra autonomía y territorio, y el diseño de un plan de cierre definitivo del proyecto “San José”.
El Frente reiteró su absoluto rechazo a la imposición de proyectos mineros en el estado de Oaxaca.
Mencionaron que, durante más de 15 años de lucha, “hemos defendido, cuidado y protegido nuestros territorios, herencia viva de nuestras abuelas y abuelos, quienes lucharon por recuperar sus tierras frente a los abusos de los hacendados. Esta historia de resistencia nos compromete a defender la vida, el agua y la autonomía de nuestras comunidades”.
En este tiempo, resaltaron “se han organizado foros informativos en los Valles de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, convocado a asambleas ciudadanas, emitido actas comunitarias declarando sus territorios como prohibidos para la minería, y las hemos entregado formalmente ante las autoridades competentes”.
Asimismo, hemos tejido redes de solidaridad con comunidades hermanas que enfrentan megaproyectos en Oaxaca: Magdalena Teitipac, San Pedro Quiatoni, Capulálpam de Méndez, Santa María Chimalapas, así como pueblos del Istmo, la Sierra Sur y la Mixteca. Con ellas hemos compartido aprendizajes, dolores y esperanzas, construyendo un frente común de dignidad y resistencia.
“Desde nuestras comunidades hemos impulsado el cuidado del agua y la vida: recuperamos manantiales y mantos acuíferos, reforestamos nuestros cerros y montañas, fortalecimos la agricultura campesina y nuestras asambleas, todo con el objetivo de garantizar un presente y un futuro digno para nuestras hijas e hijos”, añadieron.
Con información de proceso.com.mx
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Una opinión
Hay una reflexión y análisis que, se hace sobre un audio que circula entre grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.
Según destaca en este análisis, el audio señala que los retiros del fondo propio de Pensiones Civiles del Estado, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa institución.
La reflexión sobre ese audio que circula entre jubilados y pensionados del magisterio, un grupo con influencia que, dicen, logró poner a uno de los suyos en la actual dirigencia de la Sección 42, lo que les salió peor, es tan oportuno que merece ser difundido y la reproducción íntegra del mismo, que a continuación se presenta, con los créditos a quien corresponda:
Opinión: El miedo como estrategia: el fondo propio y la amenaza que no existe
En los últimos días ha comenzado a circular un audio anónimo en grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE). Aunque su autor no se identifica, su contenido reproduce de forma casi literal la narrativa promovida por algunos actores sindicales que hoy ocupan posiciones de poder. El mensaje busca generar temor entre quienes han decidido ejercer su derecho a recuperar el llamado “fondo propio”, insinuando que esta acción podría provocar el colapso del sistema.
En el audio se afirma que retirar el fondo propio “pone en riesgo Pensiones” y que, de continuar por ese camino, “se perderán todos los beneficios” que supuestamente se disfrutan como jubilados. Quien lo dice no se presenta como parte del comité, pero habla como si lo fuera. Quizá lo hace desde la ignorancia, repitiendo lo que ha escuchado; quizá desde la intención de confundir y asustar.
Lo cierto es que la estrategia es clara: convertir un acto de defensa legal en un supuesto acto de traición colectiva. Culpar a quienes exigen cuentas, mientras se protege a quienes llevan años sin rendirlas.
¿Quién sostiene Pensiones?
Una de las afirmaciones más preocupantes de este discurso es que Pensiones se sostiene gracias a los descuentos del fondo propio realizados a unos tres mil jubilados, es decir, a quienes se retiraron a partir de 2014. Este argumento es completamente insostenible si se considera que PCE cuenta con más de 95,000 afiliados entre activos y jubilados.
Si tres mil personas son las que sostienen todo, entonces el sistema ya está quebrado. No por culpa de los jubilados que exigen lo suyo, sino por quienes han permitido que más de 50 instituciones deudoras no paguen lo que deben. Ahí está el verdadero problema, y ahí debería estar también la indignación.
La legalidad del retiro
No es nuevo ni ilegal el retiro del fondo propio. Varios juicios se han ganado ya en tribunales por su carácter inconstitucional: se trata de un descuento unilateral, sin consulta y aplicado de forma desigual. Ante estos hechos, el abogado Lic. Mena —a quien falsamente se le ha vinculado con estas demandas— emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de cualquier participación. Señaló que ni él ni su despacho tienen relación alguna con grupos como COSIGEN, y que su única acción jurídica ha sido contra la omisión legislativa del fondo de vivienda.
La desinformación, sin embargo, ha sido útil para ciertos sectores que buscan desviar la conversación. En lugar de hablar de auditorías, de recuperación de adeudos o de transparencia financiera, se opta por atacar al jubilado que ejerce su derecho.
El miedo como método
El mensaje anónimo no es un caso aislado. En los mismos días, en el grupo “2-DERECHOHABIENTES”, una participante llamada Lucy Robles sugirió “frenar a tiempo” las ideas que alientan a los jubilados a actuar, acusando a sus promotores de ser “redentores obsoletos”. La lógica es simple: quien cuestiona, quien propone, quien se defiende, representa una amenaza al orden de quienes se sienten cómodos en el poder.
Se pretende convencer a los jubilados de que pedir lo justo es desestabilizar; que exigir transparencia es egoísta; que actuar por cuenta propia es traicionar al colectivo. Pero nunca se habla de los millones que no se han cobrado a los entes deudores, de las decisiones negligentes que nos llevaron al deterioro actual, ni del silencio cómplice de los comités pasados y presentes.
Reflexión final
Cada quien debe tomar su decisión. Nadie está obligado a retirar el fondo propio, pero tampoco debe sentirse culpable quien lo haga. La defensa del patrimonio individual es legítima, sobre todo cuando el sistema que debía protegernos ha fallado una y otra vez.
Si yo estuviera en esa situación, sí elegiría recuperar mi dinero. La vida es corta. No estamos para despreciar recursos que legítimamente nos pertenecen. Lo que no haría es quedarme callado ante el miedo disfrazado de consejo, ni permitir que el discurso oficial me convenza de resignarme.
El problema de Pensiones no es quien se defiende.
El problema de Pensiones es quien calla, solapa y desvía.
POR PCE POR NUESTRA SALUD
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