Reabren investigación contra Gabriel Cortés Alcalá, secretario de salud de Guanajuato, por desfalco
AGUASCALIENTES, Ags., (apro) .- Un juez federal resolvió reabrir la investigación penal contra Gabriel Cortés Alcalá, actual secretario de salud de Guanajuato.
Como Proceso lo documentó, el funcionario es acusado de un presunto desfalco de 50 millones de pesos cuando fue titular, entre 2023 y 2024, del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en León (ISSSTE HR León), a través de compras y contrataciones irregulares adjudicadas a empresas pertenecientes a sus trabajadores de confianza, lo que supone un conflicto de interés.
La denuncia fue presentada el 8 de noviembre de 2024 por Martha Karina Rodríguez Lizola, actual titular del ISSSTE HR León, pero tan sólo 17 días después, el día 25, Diana Martínez, la Ministerio Público federal que llevaba el caso, decidió cerrarlo sin ejercer ninguna acción penal.
Rodríguez Lizola también denunció que fue intimidada por su antecesor, que para entonces había sido nombrado por la gobernadora Libia García como nuevo secretario de salud.
Durante la audiencia —celebrada el lunes 21 de julio en el Centro de Justicia Federal de Aguascalientes— el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio Orlando Íñiguez Delgadillo, señaló que la Ministerio Público federal no agotó todas las líneas de investigación contra el actual servidor público y algunos de sus subalternos.
“Cabe preguntarnos si el Ministerio Público dio oportunidad de agotar todas las líneas de investigación, si dio oportunidad de recabar todos los datos de prueba. La respuesta es no. A escasos 17 días (de abierta la investigación) decretó la no acción penal. Estas características no se ajustan a la naturaleza de la investigación. ¿Qué artículo de la ley permite actuar en esos términos? Ninguno. Es inadmisible”, explicó Íñiguez Delgadillo.
Los representantes jurídicos del ISSSTE explicaron al juez que contaban con diversos documentos, como 15 contratos firmados con distintas empresas, entre otros. Y explicaron que pudieron enviar dicha información al Ministerio Público hasta el mes de diciembre, cuando ya se había resuelto cerrar el caso.
“Es muy importante que se haga la revisión de estos documentos. Se anexaron actas técnicas de los contratos con nombres de diversos apoderados, fotos de las fachadas de obras que se realizaron, proyectos de construcción, seguimientos de obra, historial de contrataciones y actas patrimoniales (...) Solicito se realicen los actos de investigación y se revoque la decisión de no ejercer acción penal”, pidieron.
La Ministerio Público argumentó que desde el día en el que se presentó la denuncia emitió cuatro citatorios al personal del ISSSTE para requerirles información del caso, pero ninguno fue respondido.
También dijo que citó a comparecer a dos representantes legales de la instancia de salud federal, pero sólo uno —Kevin Álvarez Salgado— respondió y compareció el 25 de noviembre, el mismo día en el que Martínez decidió cerrar el caso sin ejercer ninguna acción penal.
Añadió que, en esa comparecencia, Álvarez Salgado solicitó ampliar el plazo para la presentación de pruebas, pero la solicitud le fue negada. En su lugar se le otorgó entregar documentos en menos de 24 horas, lo cual no sucedió.
Martínez también aceptó que el “borrador” del no ejercicio de la acción penal estaba escrito desde el 24 de noviembre, un día antes de la comparecencia, pero se hizo oficial hasta el día 25. “No se contaba con mayores elementos para esta investigación”, se defendió.
El juez sostuvo que ese argumento no era suficiente.
“Su determinación tiene como centro la comparecencia (del representante legal del ISSSTE). Es un escenario que a todas luces resulta ilógico. Ha limitado el derecho de la parte denunciante de presentar pruebas, que no se hayan presentado antes no es excusa, el Ministerio Público tiene la obligación de seguir líneas de investigación y aquí no advierto que se haya procedido en esos términos”, refutó.
Por su parte, la defensa de los acusados solicitó mantener la decisión de no ejercer acción penal porque el caso “sólo se basa en una nota periodística” y el ISSSTE, dijeron, fue omiso en dar continuidad a la denuncia.
En el mismo sentido habló un integrante de la Defensoría Pública, quien representa a uno de los imputados.
“Martha Karina Rodríguez Lizola presentó la denuncia el 8 de noviembre, ese día se giró oficio al ISSSTE para que diera información. Es claro que la información la tenían ahí, por eso se convirtieron en coadyuvantes. Ellos tenían la obligación de enviar todos los documentos. No es suficiente una denuncia, no se puede molestar a las personas por simples comentarios en notas periodísticas”, dijo.
Y agregó que se había dado vista al Órgano Interno de Control del Hospital por la falta de entrega de documentos.
Tras la resolución de reabrir el caso, Diana Martínez, la Ministerio Público, dijo que la investigación ya no estaría a su cargo.
Martínez ya no labora en la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. Se encuentra vinculada a proceso penal junto con otros dos fiscales por el cierre de la carpeta de investigación contra Cortés Alcalá y los demás implicados.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Una opinión
Hay una reflexión y análisis que, se hace sobre un audio que circula entre grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.
Según destaca en este análisis, el audio señala que los retiros del fondo propio de Pensiones Civiles del Estado, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa institución.
La reflexión sobre ese audio que circula entre jubilados y pensionados del magisterio, un grupo con influencia que, dicen, logró poner a uno de los suyos en la actual dirigencia de la Sección 42, lo que les salió peor, es tan oportuno que merece ser difundido y la reproducción íntegra del mismo, que a continuación se presenta, con los créditos a quien corresponda:
Opinión: El miedo como estrategia: el fondo propio y la amenaza que no existe
En los últimos días ha comenzado a circular un audio anónimo en grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE). Aunque su autor no se identifica, su contenido reproduce de forma casi literal la narrativa promovida por algunos actores sindicales que hoy ocupan posiciones de poder. El mensaje busca generar temor entre quienes han decidido ejercer su derecho a recuperar el llamado “fondo propio”, insinuando que esta acción podría provocar el colapso del sistema.
En el audio se afirma que retirar el fondo propio “pone en riesgo Pensiones” y que, de continuar por ese camino, “se perderán todos los beneficios” que supuestamente se disfrutan como jubilados. Quien lo dice no se presenta como parte del comité, pero habla como si lo fuera. Quizá lo hace desde la ignorancia, repitiendo lo que ha escuchado; quizá desde la intención de confundir y asustar.
Lo cierto es que la estrategia es clara: convertir un acto de defensa legal en un supuesto acto de traición colectiva. Culpar a quienes exigen cuentas, mientras se protege a quienes llevan años sin rendirlas.
¿Quién sostiene Pensiones?
Una de las afirmaciones más preocupantes de este discurso es que Pensiones se sostiene gracias a los descuentos del fondo propio realizados a unos tres mil jubilados, es decir, a quienes se retiraron a partir de 2014. Este argumento es completamente insostenible si se considera que PCE cuenta con más de 95,000 afiliados entre activos y jubilados.
Si tres mil personas son las que sostienen todo, entonces el sistema ya está quebrado. No por culpa de los jubilados que exigen lo suyo, sino por quienes han permitido que más de 50 instituciones deudoras no paguen lo que deben. Ahí está el verdadero problema, y ahí debería estar también la indignación.
La legalidad del retiro
No es nuevo ni ilegal el retiro del fondo propio. Varios juicios se han ganado ya en tribunales por su carácter inconstitucional: se trata de un descuento unilateral, sin consulta y aplicado de forma desigual. Ante estos hechos, el abogado Lic. Mena —a quien falsamente se le ha vinculado con estas demandas— emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de cualquier participación. Señaló que ni él ni su despacho tienen relación alguna con grupos como COSIGEN, y que su única acción jurídica ha sido contra la omisión legislativa del fondo de vivienda.
La desinformación, sin embargo, ha sido útil para ciertos sectores que buscan desviar la conversación. En lugar de hablar de auditorías, de recuperación de adeudos o de transparencia financiera, se opta por atacar al jubilado que ejerce su derecho.
El miedo como método
El mensaje anónimo no es un caso aislado. En los mismos días, en el grupo “2-DERECHOHABIENTES”, una participante llamada Lucy Robles sugirió “frenar a tiempo” las ideas que alientan a los jubilados a actuar, acusando a sus promotores de ser “redentores obsoletos”. La lógica es simple: quien cuestiona, quien propone, quien se defiende, representa una amenaza al orden de quienes se sienten cómodos en el poder.
Se pretende convencer a los jubilados de que pedir lo justo es desestabilizar; que exigir transparencia es egoísta; que actuar por cuenta propia es traicionar al colectivo. Pero nunca se habla de los millones que no se han cobrado a los entes deudores, de las decisiones negligentes que nos llevaron al deterioro actual, ni del silencio cómplice de los comités pasados y presentes.
Reflexión final
Cada quien debe tomar su decisión. Nadie está obligado a retirar el fondo propio, pero tampoco debe sentirse culpable quien lo haga. La defensa del patrimonio individual es legítima, sobre todo cuando el sistema que debía protegernos ha fallado una y otra vez.
Si yo estuviera en esa situación, sí elegiría recuperar mi dinero. La vida es corta. No estamos para despreciar recursos que legítimamente nos pertenecen. Lo que no haría es quedarme callado ante el miedo disfrazado de consejo, ni permitir que el discurso oficial me convenza de resignarme.
El problema de Pensiones no es quien se defiende.
El problema de Pensiones es quien calla, solapa y desvía.
POR PCE POR NUESTRA SALUD
Notas recientes
Las más leídas
