La CNDH celebra la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición como resultado del diálogo y la lucha de las familias

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebra la publicación de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, publicada el 16 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación. 

Esta reforma nace del trabajo en conjunto de familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades y refuerza el papel de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como instancia coordinadora de las acciones de búsqueda en todo el país. Representa un paso importante hacia el fortalecimiento de las acciones de búsqueda y localización, y es, sobre todo, reflejo del trabajo conjunto, persistente y comprometido. 

Reconocemos que esta reforma no habría sido posible sin el diálogo, la escucha y la construcción colectiva con las familias, quienes desde su experiencia han visibilizado vacíos, retos y necesidades urgentes en los procesos de búsqueda e identificación.

Gracias a sus exigencias, hoy contamos con un marco normativo fortalecido en comparación con el aprobado en 2017 mediante la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Desde la CNDH reafirmamos que el trabajo con las y los familiares de personas desaparecidas y no localizadas no concluye con esta reforma. Por el contrario, comienza una etapa clave que exige el seguimiento puntual y la aplicación e implementación efectiva de la Ley para garantizar los derechos a la búsqueda y a ser buscado. 

Este proceso requiere que se continúe y fortalezca la coordinación constante entre autoridades, así como una articulación clara de responsabilidades de instituciones de todos los niveles (municipal, estatal, federal y autónomos) cuyas funciones están vinculadas a la búsqueda de personas. Reconocemos en este sentido la articulación que han llevado a cabo la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, siendo parte de la agenda prioritaria del gobierno federal la atención, acompañamiento y garantía de los derechos humanos que tienen las personas familiares y las personas que se encuentran desaparecidas. Asimismo, reiteramos que la participación de las familias seguirá siendo un pilar fundamental para avanzar hacia mecanismos de búsqueda más eficaces, transparentes y dignos. 

Es en este horizonte que aplaudimos este esfuerzo legislativo, de coordinación y participación como resultado de años de lucha por la verdad y la justicia. Sabemos que solo mediante la atención real y cercana a las demandas de las familias—sean sanguíneas o sociales—podremos construir un servicio público verdaderamente comprometido, capaz de responder con dignidad, eficacia y humanidad a las exigencias legítimas de verdad, justicia y no repetición.