El Cártel Jalisco Nueva Generación somete a los pescadores artesanales del Pacífico central en México

La noticia vino del sur, a dos mil kilómetros, pero sacudió a toda la región de Barra de Navidad, Jalisco, en el litoral del Pacífico central mexicano: tres pescadores oriundos de estas comunidades costeras habían sido detenidos en los mares salvadoreños por la armada de ese país, sorprendidos en un intercambio de armas por cocaína.

“Nadie puede decir nada, es la regla de silencio que impone ‘la plaza’ [denominación del gobierno criminal local establecido por el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG]”, señalaron varios pescadores de la zona, tras ser consultados sobre aquel suceso ocurrido en agosto de 2024. “Cuando se les detiene, al menos ya saben que están vivos en algún sitio porque muchos de los pescadores que se van a esa aventura simplemente desaparecen, y sus familias ni siquiera sabrán dónde llorarlos”, refiere un empresario residente cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad.

El emprendedor resalta que el CJNG no tiene interés real en el negocio pesquero, el cual no tiene en esa zona productos de valor que le arrojen ganancias, como sí ocurre con la pesca de totoaba en el Alto Golfo de California. Pero usa las discretas flotas de los pescadores, eventualmente las equipa y tienta a algunos de estos con esas inciertas odiseas al sur en busca de cocaína, a cambio de miles de dólares. La coerción poco sutil permite allanar la voluntad de los costeños más titubeantes.

El informe de la Policía salvadoreña ante la prensa de su país, difundido el 4 de agosto de 2024, reporta que los tres mexicanos detenidos, quienes eran pescadores artesanales de Jalisco, iban en una embarcación cargada con 12 carabinas AR15, 20 fusiles AK47, una ametralladora M60, un fusil de francotirador, cargadores y municiones.

Las autoridades salvadoreñas presumieron el operativo como un golpe a las organizaciones criminales, a quienes “no les queda otro camino más que buscar el mar”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, al mostrar el arsenal que se pretendían intercambiar por más de 1.2 toneladas de cocaína, valoradas en 30 millones de dólares. Además, se refirió a El Salvador como la “muralla del Pacífico” que evita el avance del narcotráfico.

Aunque el reporte oficial no menciona el nombre de la organización criminal, un reciente informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) muestra que el CJNG es el único con operación en unos 1500 kilómetros del litoral mexicano. Su presencia va desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Nayarit, y en algunos estados, como Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Puebla y Chiapas es el cártel dominante. Incluso posee grandes redes de distribución que le permiten operar en más de 40 países y en casi todo Estados Unidos, de acuerdo con el reporte.

Las costas de Jalisco han sido identificadas como un eslabón esencial de la ruta de las drogas hacia el mercado estadounidense. Esto explica el control casi total que ejerce el CJNG sobre la vida cotidiana y política de los municipios de la zona, lo que incluye usar pescadores, de por sí sobreexpuestos por su precariedad económica, que resultan especialmente valiosos para el cártel debido a su conocimiento del mar, señala la investigadora mexicana Daniela Rodríguez Contreras, de la Universidad de Guadalajara, experta en geografía del crimen.

La propia experiencia de los pescadores que conversaron con Mongabay Latam revela que en el ejercicio de su oficio, desde hace décadas suelen aventurarse mar adentro para encontrar bancos de peces. Los más viejos y osados acumulan experiencia de pesca en regiones tan lejanas como Sonora o Oaxaca, mil kilómetros al norte y al sur respectivamente, del litoral de Jalisco.

Este contexto explica la historia de los tres pescadores capturados en El Salvador. Sin embargo, muchos han hecho ese mismo viaje al servicio del cártel con éxito. “Usted puede ver que les cambió la vida, de ser dueños de una lanchita a comprar equipo potente, de dos o tres motores. Y no ha faltado el que se hace propietario de tierras con el dinero que gana.Es un negocio de mucho riesgo pero que da ganancias. Además de que no te puedes negar a una petición de los jefes: tendrías que irte a vivir a otro lado, porque te van a matar o a desaparecer”, le dijo un pescador del poblado de Punta Pérula a Mongabay Latam.

Un equipo periodístico viajó una semana a la costa de Jalisco a levantar los testimonios que conforman este relato. Lo aportan desde investigadores y periodistas locales hasta empresarios del turismo, representantes de comunidades, comerciantes, agricultores y pescadores. Más preocupados por denunciar las miserias de su oficio expuesto a las eventualidades del clima, a los precios bajos y a la escasez de especímenes de alto valor, los pescadores evitan hablar en voz alta de la “normalidad” bajo la que se vive en un territorio dominado por la delincuencia organizada. Los nombres originales se omitieron para evitar riesgos a los testigos.

La pesca, una actividad precaria

“Yo me iba desde aquí hasta la Bahía de Banderas (250 kilómetros al norte) en mi lancha, sin tocar tierra. Lo cierto es que aprendes a manejar el mar con sus riesgos”, señala un pescador de Melaque, el segundo enclave urbano de la bahía de Navidad. Ha sido testigo de los cambios radicales de esta costa, famosa en los libros de historia por ser punto de partida de la expedición que conquistó Filipinas para el dominio español a mediados del siglo XVI, lo que abriría la ruta comercial más larga de la historia humana hasta el siglo XIX: la Nao de China.

El pescador llegó del altiplano mexicano a finales de los años 50 y la región estaba casi deshabitada. Fue la política de «Marcha al mar», a partir del presidente mexicano Adolfo Ruiz Cortines, la que empujó campesinos sin tierra de la sobrepoblada meseta central mexicana a las tierras costeras, con la misión de abrir procesos de colonización.

Literalmente, el hombre se hizo pescador “sobre la marcha”. Fueron muchas décadas de buscar un sustento modesto en un litoral que todavía era abundante, más para el autoconsumo que para comercializar, pues faltaba infraestructura de comunicaciones y las redes comerciales eran precarias, sobre todo para productos perecederos. Cuando las hubo, terminaron dominadas por algunos pocos intermediarios.

Lo que el pescador extrajo de las costas de Jalisco, poco le reportó a su patrimonio. “En mi vida se han dado muchos momentos de necesidad, y el conocimiento te ayuda para irte a otras regiones a trabajar. Para nosotros, el mar de Cortés (o Golfo de California, ecorregión que va de la Bahía de Banderas hasta el límite norte del país, el más rico sitio de pesca marina de México) ha sido una valiosa oportunidad, y cuando se puede, te vas unos meses y regresas con dinerito para tu familia”, señala.

Aunque el litoral de Jalisco no sobresale por su producción pesquera, de todos modos sostiene a unos 3000 pescadores artesanales que encuentran sustento económico en productos del mar, estima el investigador Enrique Godínez Domínguez, del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara, enclavado en el mismo poblado de la bahía de Navidad.

La falta de planeación del desarrollo, destaca el académico, ha derivado en un progresivo deterioro en las condiciones de vida de los pescadores por la reducción drástica en las capturas de las pesquerías más valiosas.

Es el caso del huachinango o pargo rojo (Lutjanus peru), del que se extrajeron 1310 toneladas en 2014. En 2023, el último año reportado, las capturas descendieron a solo 497 toneladas, una caída que supera el 60%. El langostino o chacal (Macrobrachium tenellum), registró capturas por 79 toneladas en 2014 y apenas de seis toneladas en 2023. El pulpo (Octopus hubbsorum) también tiene un acusado declive: de 490 toneladas en 2014, en 2023, último año reportado, la producción había descendido en más de 60%, con solo 221 toneladas, de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno mexicano.

Además, al menos la mitad de los trabajadores carecen de asociación en cooperativas, que es la modalidad en la que el gobierno mexicano entrega permisos para extraer productos marinos de manera organizada y presuntamente controlada, indica Godínez Domínguez. A la mitad no organizada se les conoce como “pescadores libres” y carecen de regulaciones. Para los líderes de las cooperativas, su uso de redes y artes de pesca ilegales ha ocasionado que se acelere la sobreexplotación de las especies de alto valor comercial.

“Si los meten en cintura, les dan permisos y los regulan, se acabarían los usos de redes ilegales y se reduce el saqueo. Eso nos beneficia a todos, pero no nos hacen caso”, señala el dirigente de una cooperativa.

La respuesta de los pescadores a la desorganización y la escasez de recursos marinos ha sido pasar a la captura creciente de tres especies de “pelágicos mayores”: el pez dorado (Coryphaena hippurus), el pez vela (Istiophorus platypteru) y el marlin rayado (Tetrapturus audax).

Estas especies, sin embargo, en México están reservadas para la pesca deportiva, por lo que su pesca para un aprovechamiento comercial es ilegal.

Muchos de los deportistas de la zona reconocen que no les afecta, y lo ven como paliativo a los problemas de subsistencia de los pescadores, con quienes buscan evitar conflictos. “En pocas palabras, hacen de la vista gorda”, explica una periodista de la región que prefiere mantener su nombre en reserva por motivos de seguridad.

Aunque el pez dorado, el pez vela y el marlin tienen creciente demanda en los mercados locales y regionales, su condición ilegal disminuye su potencial económico. Así, entre el agotamiento de las pesquerías tradicionales, el descontrol de la actividad y la explotación de especies “reservadas” con bajos precios, la precariedad económica de los pescadores se profundiza.

“Hayuna acusada ausencia del Estado mexicano, que se revela no solo sobre los territorios, sino en relación con la fiabilidad de las estadísticas levantadas, que a mi juicio están subestimadas”, advierte Adán Aranda Fragoso, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mongabay Latam ingresó solicitudes de información a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para saber datos de operaciones de inspección y vigilancia. También envió solicitudes a la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, ninguna de esas entidades entregó respuestas. “No te la van a dar, porque no hacen nada. Están concentrados en el puerto de Manzanillo, donde ya tienen suficientes problemas. La capitanía de puerto en Barra hace la vista gorda, pues tampoco tiene recursos”, subraya un político local que también requiere anonimato por seguridad.

Esta tendencia de reducir recursos públicos y personal para la inspección y vigilancia ocurre en todos los mares mexicanos, de acuerdo con un informe de la organización Oceana, que se dedica a temas de conservación de los mares, y que señala que “no existe información gubernamental que permita cuantificar las consecuencias de la pesca ilegal”.

En el mejor de los casos, advierte el informe de Oceana, hay un estancamiento de las acciones de las autoridades, y en el peor, incluso un retraimiento del Estado. “Ello genera un esquema de impunidad ante la actividad ilegal que daña la sustentabilidad de los recursos pesqueros, la salud de los océanos y la calidad de vida de los cientos de miles de familias mexicanas”, sostiene.

Ante la ausencia del Estado, la pesca en este litoral se adaptó a la presencia del CJNG, que ha normalizado sus usos y costumbres en los pueblos de la zona, asegura la académica especializada en geografía del crimen en esta región Daniela Rodríguez Contreras.

La construcción de un emporio criminal

El CJNG comparte con el Cártel de Sinaloa el primer piso en las organizaciones criminales mexicanas dedicadas a las drogas. Un informe de InSight Crime, una fundación dedicada a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe, señala que, apoyado en numerosos socios entre las mafias colombianas, ecuatorianas y centroamericanas, este grupo criminal domina mercados regionales de distribución hacia Estados Unidos.

Surgió de una escisión del mismo sindicato criminal sinaloense tras la muerte, en 2009, de su operador, Ignacio Nacho Coronel, en Guadalajara. El Mencho, que era jefe de sicarios del Cártel del Milenio, la célula local subordinada a Nacho Coronel, tomó el control de la organización. A partir de entonces, no ha cesado de crecer su influencia, su volumen de negocios y su capacidad de violencia. Exporta estupefacientes a Estados Unidos, Europa y el lejano oriente, además de haber establecido una red internacional de laboratorios para metanfetaminas que ya llega a África, como lo reportó recientemente Milenio TV de México.

Las bandas criminales aquí tienen una presencia de más de cuarenta años, asegura el ex director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) Guillermo Valdés Castellanos. Cuenta que llegaron a Jalisco muchos narcotraficantes de Sinaloa que huían de la operación Cóndor, implementada por el Estado mexicano para combatir a los productores y traficantes de estupefacientes entre 1977 y 1983.

El litoral siempre fue tentador para la mafia porque permitía más libertad en el trasiego de drogas. Además, la región montañosa y escasamente poblada del interior es ideal para establecer plantaciones de marihuana y amapola, campamentos paramilitares y laboratorios para procesar enervantes.

El más famoso de los traficantes de aquella generación, Rafael Caro Quintero, dejó huella e inversiones en municipios como Autlán, La Huerta, Villa Purificación y Talpa. De hecho, “Mucha gente está agradecida porque fue el primero que se preocupó en llevarles servicios básicos”, señala a Mongabay Latam el delegado de un poblado serrano.

La presencia de los cárteles de la droga era discreta y no estorbaba a otras actividades y conflictos, pero la mafia mexicana fue favorecida por cambios en el mercado y el consumo. A partir de los años 2000 comenzó el auge de las metanfetaminas y se propagó su producción en narcolaboratorios en las montañas mexicanas.

Luego llegaría el fentanilo con sus precursores químicos. Así, el volumen de negocios creció espectacularmente para las organizaciones criminales locales. “Más riquezas significan más gente metida en el negocio y más violencia, además de la necesidad de controlar territorios”, indica la geógrafa del crimen Daniela Rodríguez Contreras, de la Universidad de Guadalajara.

Este cambio en la dinámica del tráfico de droga impactó la vida de los pescadores de la costa de Jalisco. Algunos de ellos hacían “trabajos especiales” para la delincuencia organizada. Mandos militares revelaron a este medio que a finales de los años 90, habían identificado claramente la ruta marítima de trasiego de estupefacientes: se usaban las pequeñas caletas de la accidentada costa de Jalisco para mover mercancía sobre todo por las noches. La autoridad identificó Punta Corrales, al sur de Puerto Vallarta, como un lugar de desembarque de esas lanchas con cargamento ilegal.

Una década después, el nuevo modelo del narco estaba normalizado. En 2009, una trabajadora de El Hotelito Desconocido, un desarrollo turístico ubicado en el estero El Ermitaño, sitio Ramsar del municipio de Tomatlán (unos 70 kilómetros al norte de Barra de Navidad), vivió una noche de terror cuando una lancha con droga se internó en la laguna desde el mar para huir de una persecución de la Marina. “Parecía barco, imagina la potencia de ese artefacto, y el estruendo que hizo al meterse al estero”, señala su testimonio anónimo para Mongabay Latam. Alarmada, huyó al complejo central del establecimiento, protegida por la oscuridad. A la mañana siguiente, los empleados del hotel regresaron y encontraron la embarcación reducida a cenizas. A un par de kilómetros de la zona hay desde hace décadas un campamento del ejército mexicano.

De hecho, El Hotelito Desconocido fue el teatro inicial de asesinatos y desapariciones de dirigentes de pescadores. El 24 de marzo de 2011, en el contexto de un conflicto por los recursos del estero, desaparecieron los dirigentes de la cooperativa de La Cruz de Loreto José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Díaz, quienes tenían un abierto enfrentamiento con el administrador de la finca, el italiano Giuliano Gasparotto, presuntamente vinculado a Los Cuinis, nombre de la estructura financiera del CJNG. Nunca se les encontró.

Posteriormente, el mismo administrador huyó de la zona, tras sufrir una agresión. En 2015, el gobierno mexicano requisó el hotel, pues una investigación conjunta con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalaba como un activo mediante el cual la organización criminal lavaba dinero.

La disputa entre los diferentes grupos delictivos llevó al CJNG a controlar gobiernos locales y actividades empresariales que van desde la organización de festivales populares (carnavales, fiestas de los patronos, corridas de toros, equipos de fútbol) hasta una creciente presencia en el sector turismo y en la producción agrícola y pecuaria, que en México está eximida de impuestos directos por tratarse de alimentos, por lo que hay bajos incentivos para ser fiscalizada.

Para el especialista en temas de seguridad Guillermo Valdés Castellanos, la organización delictiva logra entrar a regiones donde tienen superioridad militar, como el caso de muchos municipios, donde ni autoridades ni ciudadanos pueden ser defendidos por las policías municipales o estatales.

«En esas regiones quienes mandan e imponen las normas, e incluso los impuestos [la extorsión a las empresas], son los líderes de las bandas criminales”, sostiene.

Inevitablemente, estas condiciones acentuaron la precariedad de los pescadores. El líder de las cooperativas pesqueras de la Costa Sur de Jalisco, Aureliano Sánchez Ruiz, fue asesinado la madrugada del miércoles 13 de julio de 2013, tras ser extraído a la fuerza, la noche anterior, por un grupo de desconocidos. El 24 de diciembre de 2017, fue encontrado asesinado el activista ambiental Salvador Magaña Martínez en el municipio costero de La Huerta. Otros defensores del territorio han sido desaparecidos. No hay un solo asesinato aclarado.

“Aquí en la zona hay muchos pescadores que se han tenido que ir y hay otros desaparecidos. En algunos casos se debían ir de sitios de desembarque que el cártel necesitaba para operar la movilización de sus mercancías, o por negarse a hacer algún tipo de traslado”, refiere un pescador de Punta Pérula, 50 kilómetros al norte de Barra de Navidad.

El testigo añade que toda la zona entre Manzanillo y Puerto Vallarta siempre ha sido un puente para mover la droga por mar. La razón, dice, es que es menos riesgoso que transportarla por las carreteras. “No es extraño ver lanchas grandes con dos y hasta tres motores, de las llamadas lanchas voladoras. A esas lanchas pueden echarle 800 kilos. El cártel los financia. Las disfrazan, ‘dizque’ porque las usan para la pesca deportiva o el turismo”, sostiene.

El Cártel de Jalisco gobierna la costa

Ante las bajas expectativas económicas, los pescadores encuentran alternativas en la albañilería, el pequeño comercio o el turismo. Sin embargo, hay quienes se integran a trabajar de tiempo parcial con el CJNG, que domina insumos básicos como la gasolina. “Hay jornadas en que saquean camiones pipa, los ordeñan a la vista de todos. Los dueños lo aceptan pasivamente porque temen perder sus vehículos, porque tienen algún tipo de seguro y porque el mismo cártel les dará otras tareas si se portan bien”, señala un ambientalista que ha debido afrontar largas jornadas en que se paralizan las carreteras.

También llegan a hacer labores de vigilancia para el cartel, que siempre necesita información de primera mano sobre quiénes entran, salen y se mueven por la región. Sin embargo, el uso de embarcaciones para trasladar cargamentos de droga o armas representa mayores ingresos. Las lanchas bien equipadas, de doble o triple motor, pueden operar estos traslados con riesgos menores, pero no es fácil de identificar quién se dedica a esas tareas, pues son equipos que también se usan para la pesca deportiva, actividad completamente legal, revelan, evasivos, los pobladores locales que platicaron del tema con Mongabay Latam.

Un pescador de Punta Pérula refiere que el CJNG llega incluso a controlar la vida personal de los habitantes.“Si alguien roba, golpea a la esposa o a los hijos, o se mete en problemas con los vecinos, puede ser ‘levantado’ [privado de su libertad]. La primera vez serán tablazos, regresan golpeados y advertidos. Después solamente se les deja de ver”.

Desde que el CJNG asentó sus operaciones en el litoral, hace más de quince años, los registros oficiales señalan 843 desaparecidos, informa el investigador especializado en el tema de desapariciones Jorge Ramírez Plascencia, de la Universidad de Guadalajara. Por municipio, Puerto Vallarta concentra 58 % (494 casos), mientras que Autlán de Navarro registra 102 casos, y Cihuatlán, el municipio de donde provenían los tres pescadores capturados por el gobierno de Nayib Bukele, 99 casos.

En los municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes y Cuautitlán, donde el cártel ejerce su control, los registros son menores, lo que remite “a otras formas de control y a una estadística que no refleja plenamente la realidad por el temor a denunciar y por el empeño de las autoridades en maquillar datos”, advierte el académico.

La larga ruta de trasiego de armas y estupefacientes permanece abierta. El CJNG, que tiene presencia e influencia en casi todos los continentes, según la propia DEA, hace negocios a la luz del día en puertos de importancia internacional, como Puerto Bolívar, en Ecuador, muy cerca de la frontera con Perú, donde extiende su control con una mancha de violencia y corrupción.

Con información de: Animal político.