La presidenta Claudia Sheinbaum retomó esta mañana el tema del Fobaproa, e insistió en que no hay una auditoría concluyente. Con base en un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que el pago del rescate bancario hasta 2050 no tuvo reglas de operación, y su manejo fue discrecional y con actos de corrupción.
“Lo que ahora se dice es que no había de otra opción, que tenían que haber sido rescatados los bancos. Aquí Pablo Gómez dijo: ‘habían dos opciones que se presentaron en el momento’. Y además hay otros países que tuvieron situaciones similares y que reaccionaron de forma distinta”, refirió.
“Aquí el problema es que no solamente es el rescate bancario que convirtió en deudas privadas -un banco debía a otro banco-, en deuda de todos los mexicanos, sino que los criterios para pagarle a quién, lo dice la Auditoría, no tuvieron ni siquiera reglas de operación. Fue completamente discrecional: qué le pagaban a quién, cómo, cuándo, a partir de qué. Fue absolutamente discrecional y ahí hubo una enorme corrupción”, señaló.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, mencionó que el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, acudirá la próxima semana para explicar los bonos del IPAB, y reconoció que “no es tan sencillo, de un día a otro, decir: ya no se va a pagar. Cualquier decisión de no pagar una deuda tiene implicaciones muy importantes para el país”.
“Va a venir el secretario de Hacienda para explicar y por qué no es trivial el que no se llegara a pagar, porque tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana, pero el pueblo de México tiene que estar informado”, puntualizó.
Sheinbaum Pardo presentó el Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate del 1993-2004 de la Auditoría Superior de la Federación.
Aseveró que en ese documento se dice que tanto la Ley de Instituciones de Crédito como el contrato constitutivo del Fobaproa tenía disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación de fondo, y que la carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del comité técnico en el rescate bancario para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo.
Con base en ese documento, la mandataria sostuvo que el comité técnico del Fobaproa actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectúa el gobierno federal para dar su aval en las operaciones.
Dijo que del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados, la ASF concluyó que no se hicieron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó sólo representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados.
Mencionó que los reportes de bancos, que tuvieron limitaciones, fueron la base para que el auditor canadiense Michael W. Mackey elaborara un informe, más no auditoría.
Aseveró que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC, y a pesar de ello, la Cámara de Diputados otorgó el finiquito por los trabajos realizados.
“Se concluyó que en la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice, y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente competente y relevante”, argumentó.
Argumentó que la ASF informó al IPAB que se dejaban sin efecto siete auditorías que se estaban realizando correspondiente a la cuenta pública del 2004.
Con información de Latinus