Impulsan iniciativa que plantea expedir la Ley General de Justicia Cívica

La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) presentó una iniciativa que plantea expedir la Ley General de Justicia Cívica, a fin de establecer un marco nacional para solucionar conflictos comunitarios a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como prevenir el delito y mejorar la convivencia social.

 La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, plantea que los delitos que hasta ahora admiten acuerdo reparatorio sean procesados y atendidos mediante los mecanismos de la justicia cívica y, con ello, evitar carga de trabajo y corrupción del Ministerio Público y este pueda concentrarse en asuntos de mayor gravedad.
 

Señala que la justicia es quizás la herramienta más poderosa para la construcción de escenarios de paz y seguridad en las comunidades. 

Sin embargo, advierte que la ausencia de mecanismos de justicia cotidiana puede provocar que conflictos menores escalen a situaciones más graves y eventualmente a conductas delictivas. 

La nueva legislación --indica-- busca colaborar a la prevención del delito, la restauración del tejido social y el desahogo de la carga de trabajo de los Ministerios Públicos y Jueces de control, para beneficio de la justicia penal y de la lucha contra la impunidad. 
 

Establece un mecanismo que asegura las garantías del debido proceso, por lo que contiene un proceso simplificado; sin embargo, cuenta con aquellas garantías del proceso penal acusatorio, reducido en formalidades, pero consistente en la resolución de los conflictos. 

La Ley General obliga a la supletoriedad del Código Procesal Penal y de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, con el fin de ofrecer seguridad jurídica, agilidad y una solución restaurativa a todos los sujetos del proceso. 

Adicionalmente, garantiza la solidez y la imparcialidad de los jueces y juezas cívicos, para lo cual establece mecanismos de designación y control muy ágiles y consistentes para garantizar la carrera en este servicio público. 

También obliga a la creación de diferentes programas restaurativos que permitan a las partes lograr el restablecimiento pacífico de la convivencia y la reparación del daño, ya sea a través del trabajo en favor de la comunidad o de la asistencia a actividades con componentes terapéuticos y otros procesos que permitan al infractor modificar su conducta en favor de la convivencia pacífica de la sociedad.

Enfatiza que la justicia cívica es fundamental no solo para solucionar y sancionar faltas administrativas, sino también una gama muy amplia de delitos de menor gravedad que hoy saturan al Ministerio Público e impiden que se concentre en evitar que queden impunes los delitos más graves.